A hostias con la minería andaluza

La concesión de la explotación de la mina de Aznalcóllar al Grupo México/Minorbis por parte de la Junta de Andalucía ha puesto en evidencia una practica que viene siendo habitual en las grandes corporaciones a la hora de situarse en posiciones de privilegio para conseguir unos derechos que a la postre revertirán en pingues beneficios. Consiste en la formación de lobbies integrados por políticos cercanos al poder que influyan favorablemente a la hora de decanta la balanza hacia una u otra corporación. Dicho en román paladino, la maldita puerta giratoria.

En este caso, como publicaron ayer en El Confidencial Isabel Morillo y Agustín Rivera, Magtel, la empresa cordobesa filial del grupo matriz, ha recibido “constantes subvenciones” de la Junta de Andalucía desde 2011 y “mantenido estrechos vínculos” con dicha institución a través del ex delegado de la Consejería de Innovación en Córdoba, Andrés Luque. Según El Confidencial, Luque “se convirtió en la principal asesora de Magtel, mientras recibía jugosas subvenciones de su anterior departamento”. La compañía cordobesa, añade, “ha negado en un comunicado que tenga actual relación empresarial con Luque, que finalizó en mayo de 2012”.

Además la otra empresa en liza, Emerita Forbes Manhattan, ha puesto en marcha una denuncia por la vía penal contra la mesa de contratación “con la intención de paralizar el concurso”. Esta corporación está formada, según el diario, “por un fondo de inversión canadiense y participada por el Grupo Morera y Vallejo, editor de El Correo de Andalucía, la empresa AGQ y varios socios individuales que suman el 20% del capital”. ¿Le volverá a pasar al decano de la prensa sevillana lo mismo que cuando pertenecía al Grupo Gallardo y se chafó la construcción del gaseoducto de Extremadura? Quién sabe.

No es la primera vez que ocurren casualidades parecidas. Y precisamente la empresa hoy denunciante se vio involucrada en una polémica similar a la hora de conseguir la adjudicación de la explotación de la mina de Rio Tinto, cuyo proyecto ha sido aprobado en enero del presente año. 

Con esta iniciativa competía Mina de Aguas Teñidas S.A. (MATSA), la empresa en la que trabajó Paula Chaves, hija del ex presidente Manuel Chaves, al que tantos quebraderos de cabeza (y alguna lágrima) proporcionó y que controla el 85% de la faja pirítica de Huelva y ahora anda a la greña con Emed Tartessus por hacerse con el control de la mina.

La hemeroteca nos desvela que en el largo recorrido que ha tenido la reapertura de la mítica explotación minera también aparecieron nombres de ex altos cargos de la Junta de Andalucía vinculados a la compañía que pretendía, y al final consiguió, la jugosa adjudicación.

En este caso se trata de un nombre ilustre del socialismo sevillano y del antiguo movimiento vecinal: Guillermo Gutiérrez Crespo, ex consejero de Trabajo y de Industria con Manuel Chaves y ex vicepresidente de Tussam (de nefasto recuerdo), entre otras cosas. El ínclito Gutiérrez no solo ha respaldado el proyecto, sino que llegó a ejercer de presidente de la filial española de la compañía durante algún tiempo, circunstancia que aprovechó incluso para devolver algún que otro favor a los viejos amigos.

De la dilatada experiencia con la que cuenta este veterano socialista a la hora de meterse en fregados da buena cuenta la hemeroteca. Entre otros, su nombre apareció en el “Caso Juan Guerra”, en el de los ERE y en el de la Fundación De Sevilla durante el mandato al frente de la ciudad de Alfredo Sánchez Monteseirín.

Así que la garantía de éxito que más parece consolidarse a la hora de emprender en esta tierra consiste en poner un ex consejero o un ex alto cargo de la administración andaluza en tu vida. Así nos va.