El Gobierno de Juan Ignacio
Zoido ha otorgado ya casi 764.000 euros en contratos públicos a la empresa
Compañía Auxiliar de Obras Andaluza, S.L. (Cadesa), propiedad de Manuel Robayo
Gutiérrez, con sede en Sanlúcar la Mayor. Se da la circunstancia de que esta
sociedad estuvo implicada en uno de los casos de facturas falsas protagonizados
por el Gobierno de Alfredo Sánchez Monteseirín, según publicó en 2010 el diario ABC de Sevilla.
En concreto, Cadesa ha
recibido once contratos en la etapa de Zoido por valor de 763.682,24 euros,
procedentes de cuatro organismos municipales: los distritos
Este-Alcosa-Torreblanca, Casco Antiguo y Macarena, y la Gerencia de Urbanismo
cuyo máximo responsable es Maximiliano Vílchez.
De los once contratos
adjudicados a esta compañía, cinco han sido por contratación directa, con un
montante total de 144.637,33 euros. Son aquellos cuyos licitadores son los tres
distritos en cuestión. Estas adjudicaciones abarcan trabajos como obras de
reurbanización y eliminación de barreras arquitectónicas en el distrito Este,
colocación de marmolillos en Casco Antiguo, trabajos en los colegios Argote de
Molina, Arias Montano, Manuel Siurot y Virgen de la Esperanza y colocación de
marmolillos y vallado de varios parterres en diferentes lugares del Distrito
Macarena.
La Gerencia de Urbanismo, por
su parte, le ha otorgado otros 196.233,20 euros mediante el procedimiento
negociado sin publicidad y 422.811,71 euros a través del procedimiento abierto.
Los trabajos asignados son obras de emergencia en el Palacio del Pumarejo,
“medidas de seguridad, salubridad y ornato público” en el sector 3 de la ciudad
(en dos años diferentes), pavimentación del acerado y construcción del carril
bici en calle Costillares y adaptación del acceso peatonal al IES Carlos Haya,
eliminación de barreras arquitectónicas en el distrito Cerro-Amate, y de forma
más reciente, las medidas urgentes para la conservación y consolidación de la
Real Fábrica de Artillería.
Cadesa tiene su sede en el
polígono Solúcar de la localidad de Sanlúcar la Mayor, en el corazón del
Aljarafe. Su administrador único es Manuel Robayo Gutiérrez, que a su vez
administra de manera solidaria Fisroyba S.L. junto a su mujer, Matilde Baños
Cerezo. Además, entre julio de 2004 y febrero de 2007 fue apoderado de
Aeronaval de Construcciones e Instalaciones S.A. (ACISA), filial del Grupo
Aldesa.
Facturas falsas en el distrito
Este
Entre septiembre y octubre de
2010, el diario ABC de Sevilla publicó varias informaciones sobre la
implicación de Cadesa en uno de los casos de facturas falsas durante el
Gobierno de Monteseirín. Según el rotativo, la empresa de Robayo subcontrató a
J.P. Construcciones, luego renombrada como Copam, para efectuar trabajos en
Torreblanca. Dicha subcontrata es propiedad de dos militantes socialistas del
barrio, Maria Onia Rodríguez y el fallecido Juan José Pérez Parra.
En 2007, la Policía Judial
concluyó que J.P. Construcciones había cobrado facturas falsas en el distrito
Este, entonces gobernado por Fran Fernández. En la información de ABC se
asegura que J.P.-Copam siguió presentándose a concursos del Ayuntamiento de
Sevilla junto a Cadesa, como una “UTE sin papeles”. El diario cita fuentes del
PSOE y el distrito que confirman la relación entre ambas sociedades.
En aquella época, uno de los
apoderados de Cadesa era Francisco José Sánchez Carrión, ingeniero técnico de
obras públicas en la Gerencia de Urbanismo desde 2005. Carrión cesó en su cargo
en la empresa de Robayo Gutiérrez el 16 de noviembre de 2010, poco después de
que se hiciera pública esta información y meses antes de las elecciones que
auparon a Zoido al poder. Sin embargo, ha seguido en su puesto de funcionario
hasta hoy.
Cadesa también recibió numerosas
adjudicaciones en la era socialista. Entre otras, la reurbanización de la
tercera fase de la barriada de Villegas por 233.585 euros, la pavimentación de
la calle Asturias por 240.000 y otra «ejecución subsidiaria de medidas de
seguridad, salubridad y ornato público» en Pino Montano por 120.000.
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