Un iceberg llamado Madeja

El levantamiento del secreto de una parte del sumario del Caso Madeja parece evidenciar a las claras un presunto caso de financiación ilegal de un partido, en este caso el PSOE, aderezado con una buena dosis de afán de lucro personal de algunos desalmados a costa del erario público.

Las confesiones ante la juez Alaya del dueño de Fitonovo, Rafael González Palomo, y del apoderado de su filial Fiverde, Ángel Manuel Macedo Gajete, han arrojado bastante luz sobre la forma de proceder de esta red societaria. El pago de unas obras de reforma en la sede del PSOE de la Macarena y otra en el domicilio particular de un alto cargo, regalos de coches y teléfonos móviles, y entregas indiscriminadas de mordidas a políticos y funcionarios con el fin de obtener contratos públicos son algunas muestras de ello que han trascendido de la instrucción efectuada por la juez.

Sin embargo, todo esto es sólo la punta de un iceberg, cuya parte sumergida es bastante mayor que la que flota en la superficie. Sobre todo por una cuestión de matemática pura. Tan sólo en la última legislatura de Monteseirín al frente del Ayuntamiento de Sevilla, la red societaria de Fitonovo recibió contratos por valor de casi 16 millones de euros. Y a día de hoy todavía se desconoce a cuánto ascienden los adjudicados en sus dos primeros mandatos, pero si se tiene en cuenta que los hechos aludidos anteriormente arrancan en 2005, no es descabellado suponer que la cantidad se puede disparar hasta el asombro.

Además, durante la etapa de Juan Ignacio Zoido al frente del Consistorio, la misma red ha sido beneficiaria de más de 32 millones de euros en contratos que aún permanecen bajo el secreto de sumario. En especial el macrocontrato para el mantenimiento de las zonas verdes y arbolado de la ciudad por 48 millones, del que dicha red controla tres de los seis lotes.

De lo que ha trascendido del sumario hasta ahora podría deducirse que el foco de la corruptela está ubicado en el Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento sevillano. Pero el rastro de las contrataciones efectuadas en ambos períodos pone al menos en cuarentena dicha conclusión.

Como reconoció el Delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, los funcionarios imputados en el caso fueron detenidos en su día por su intervención en las valoraciones para las adjudicaciones del macrocontrato de mantenimiento de las zonas verdes y el arbolado de la ciudad. Y ello a pesar de que, según sus palabras, “el pliego se hizo precisamente con objeto de que intervinieran  un mayor número de técnicos con objeto de difuminar posibles acuerdos previos que pudieran llevar a una licitación inapropiada”. Sin embargo, Parques y Jardines no fue en ninguno de ambos períodos el único licitador que adjudicó contratos a la red societaria de Fitonovo.

Durante la última legislatura de Monteseirín las adjudicaciones de dicha delegación municipal a la empresa de González Palomo ascendieron a 3,3 millones. Fue Contratación de Obras y Servicios quien adjudicó la mayoría de los contratos por un montante de 11,7 millones, al tratarse de actuaciones con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local y al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local. El resto lo hicieron diferentes distritos por 700.000 euros y la delegación de Medio Ambiente por 53.000.

Durante el período que Zoido lleva al frente de la alcaldía de la ciudad sí ha sido el Servicio de Parques y Jardines el que ha efectuado la mayoría de las adjudicaciones que alcanzan un monto total de 30 millones de euros. El resto se lo reparten Gerencia de Urbanismo (430.000), Régimen Interior (300.000), Patronato del Real Alcázar (163.000), Medio Ambiente (150.000), los distritos (81.000) y Contratación de Obras y Servicios (60.000).

No es descabellado deducir por tanto que todos los informes utilizados para valorar las ofertas de cara a las adjudicaciones de contratos no los efectuaron los técnicos y funcionarios de Parques y Jardines en exclusiva, sino que también se contó con la participación de otros pertenecientes a distintas dependencias municipales que intervinieron en los diferentes procesos. Por eso es comprensible la decisión de Alaya de pinchar los teléfonos de distintas dependencias municipales que dieron como resultado las primeras detenciones de funcionarios  y la imputación de un alto cargo del gobierno municipal, a pesar de que el alcalde en su día afirmó desconocer si hay otras áreas implicadas.

No se pretende concluir con esto que todas esas adjudicaciones se hayan efectuado de manera fraudulenta, pero sí explicaría la dilatada instrucción del caso —algo ya habitual en la forma de proceder de Alaya— y las reiteradas veces —ocho hasta la fecha— que ha prolongado el secreto de sumario. Es evidente que el trabajo que tiene por delante la jueza no sólo es arduo, además es bastante enrevesado.

Ahora bien, existe una pregunta a la que la instrucción del caso tendrá que dar una respuesta clara y contundente. ¿Cambió Fitonovo su forma de proceder desde que el hijo de González Palomo, José Antonio González Baro, se hizo cargo de la empresa allá por mayo de 2011, tal y como declaró ante la juez?

Hay tres cuestiones al respecto que levantan ciertas dudas: la primera el que no pusiese en conocimiento de la justicia tales prácticas cuando las descubrió, la segunda el que el famoso macrocontrato de 48 millones de euros se adjudicó el 1 de agosto de 2012, cuando él ya llevaba más de un año al frente de la empresa familiar, y la tercera que durante el mandato popular Fitonovo ha prácticamente duplicado el montante de dinero público obtenido a través de adjudicaciones municipales. Será la juez la encargada de desvelar las incógnitas cuando corresponda.