Suspendida en el último momento una ejecución en Texas

El 13 de mayo, cuando tan sólo faltaban dos horas y media, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos bloqueó la ejecución en Texas de Robert Campbell. La suspensión posibilita que  sus abogados prosigan con su alegación de que la discapacidad intelectual de Campbell convierte su ejecución en inconstitucional según las leyes americanas.

Campbell fue condenado a muerte en 1992 por el asesinato de Alexandra Rendon, cometido en Houston, Texas, en 1991. El condenado acababa de cumplir los 18 años en el momento del delito, y salía de una infancia de privaciones y abusos. Campbell, de raza negra, fue juzgado por un jurado compuesto exclusivamente por blancos en el condado de Harris.

El 5 de mayo de 2014, sus abogados presentaron una apelación ante los tribunales estatales. Se basaron en una evaluación llevada a cabo el 4 de abril y afirmaron que su defendido sufría un grado de discapacidad intelectual que convertía su ejecución en ilegal. Así lo establece la resolución emitida en 2002 por la Corte Suprema de Estados Unidos en Atkins v. Virginia, que prohíbe la ejecución de personas con discapacidad intelectual. Dicha evaluación fue realizada por un neuropsicólogo clínico que le calculó a Robert Campbell un cociente intelectual de 69 y le diagnosticó "discapacidad intelectual leve".

El 8 de mayo, la Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas denegó, por cinco votos contra cuatro, la suspensión de la ejecución y resolvió que la nueva alegación no cumplía los requisitos de Texas para que prosperara un recurso de hábeas corpus. Cuatro de los jueces discreparon, alegando que existía un "caso a primera vista de discapacidad intelectual", que la ejecución debía suspenderse y que el caso debía devolverse al tribunal de primera instancia para que examinara las "pruebas concluyentes" presentadas por los abogados del condenado, que demostraban que Campbell "no es apto para ser ejecutado, en virtud de Atkins v. Virginia".

Los jueces discrepantes señalaron además que la Fiscalía de Distrito del condado de Harris había estado "en posesión de pruebas materiales" sobre la "posible, cuando no probable, discapacidad intelectual" del reo cuando el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Texas examinó anteriormente -en 2003- una alegación basada en la resolución Atkins. Esa información, según señalaron los jueces discrepantes, "no fue presentada a esta Corte ni por el abogado responsable del hábeas corpus presentado anteriormente por el apelante, ni por la fiscalía".

Los abogados entonces acudieron a los tribunales federales. En una resolución emitida el 13 de mayo, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, corte federal, señaló que, en el periodo inmediatamente posterior a la resolución Atkins de 2002, la Fiscalía de Distrito del condado de Harris tenía, al parecer, en su "poder exclusivo" información relativa a dos tests de inteligencia realizados a Campbell cuando éste tenía 10 años de edad.

En uno de ellos, a Campbell se le calculó un cociente intelectual de 68. En el otro, su puntuación estaba en el rango más bajo. Además, las autoridades penitenciarias de Texas le habían realizado en 1992 una evaluación en la que se le calculó un cociente intelectual de 71. Sin que su abogado tuviera conocimiento de estos tres tests, cuya existencia las autoridades no revelaron, su alegación presentada en 2003 sobre la base de la resolución Atkins no prosperó.

La sala de tres jueces de la Corte del Quinto Circuito resolvió que "las pruebas que se nos han presentado son más que suficientes para satisfacer la carga probatoria de Campbell respecto a demostrar la existencia a primera vista de una discapacidad intelectual suficiente para justificar un recurso sucesivo de hábeas corpus". La sala autorizó a los abogados de Campbell a presentar dicho recurso ante el tribunal federal de primera instancia para una "exploración más a fondo" de las pruebas sobre la discapacidad intelectual de su defendido.

La Corte del Quinto Circuito manifestó que era "lamentable que estemos examinando las pruebas de la discapacidad intelectual de Campbell en el último momento antes de su ejecución. No obstante, según la información que se nos ha presentado, parece que no podemos culpar a Campbell ni a sus abogados, actuales o pasados, por la demora". La sala concedió la suspensión.