El juicio previsto
contra la concejala de Desarrollo Económico y Servicios Urbanos del Ayuntamiento de
Alcalá de Guadaíra, la socialista María José
Borge, y el funcionario municipal Juan Antonio Marcos ha quedado hoy visto
para sentencia. La Fiscalía ha ratificado su petición inicial de ocho años de
inhabilitación para empleo o cargo público para cada uno de los acusados por un
delito de prevaricación.
La causa ha sido
incoada por un presunto delito de prevaricación perpetrado supuestamente con la
adjudicación de un contrato de asesoramiento y consultoría en materia de
deportes a la sociedad limitada Mudarra Gestión Deportiva.
Los hechos, según
ha informado la sección sindical de CCOO como promotora de la denuncia de la
que nace esta causa, se remontan a 2009. La concejal socialista encargó
entonces al funcionario Juan Antonio Marcos la elaboración de un pliego de
condiciones destinado a la contratación de servicios de asesoría y consultoría
en materia de actividades deportivas a promover por el Ayuntamiento alcalareño,
gobernado por Antonio Gutiérrez Limones (PSOE).
Aunque los pliegos
de condiciones de la contratación señalaban la "solvencia técnica y
profesional" de la empresa contratista como requisito necesario para la
adjudicación, el 6 de noviembre de 2009, el contrato fue concedido mediante
resolución de la propia concejal, por un importe de 9.100 euros y 45 días de
duración, a la sociedad limitada Mudarra Gestión Deportiva, constituida el 15
de octubre de ese mismo año.
El 19 de octubre,
según CCOO, el director técnico de Promoción Deportiva del Ayuntamiento había
sido trasladado a otro departamento mediante una "nota interior"
rubricada por la propia Borge y por "necesidades urgentes, y de manera
temporal", siempre según la acusación particular.
Para CCOO, se
trata de caso de "enchufismo" a través del cual han sido eludidos
"los procesos selectivos que garanticen los principios de igualdad, mérito
y capacidad en la selección de personal". Después de que CCOO descubrió el
asunto y lo elevó a la Fiscalía, el Ministerio Público promovió su propia
denuncia contra María José Borge y el funcionario en cuestión por un presunto
delito de prevaricación.
Durante la vista
oral celebrada hoy, según fuentes del caso, han comparecido ambos acusados,
siendo interrogados por todas las partes involucradas en la causa, y han
testificado el secretario general del Ayuntamiento alcalareño, Fernando Gómez,
el anterior responsable de Recursos Humanos del Consistorio y el anterior
director del área de Deportes.
Tras casi tres horas de vista
oral, a la hora de las conclusiones, la Fiscalía ha ratificado su petición
inicial de ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público para cada
uno de los acusados por un delito de prevaricación. Del mismo modo, CCOO ha confirmado
su petición de siete años de inhabilitación también para cada uno de ellos. Los
acusados, a través de su representación legal, han solicitado su libre
absolución.
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