El
pasado 2 de octubre, Florida
ejecutó a Marshall Gore, un americano con serios problemas mentales,
mediante inyección letal pasadas las de la tarde hora local. El condenado no
quiso hacer declaración final.
Su
abogado siguió presentando recursos contra la ejecución alegando la “incompetencia”
mental de su cliente para ser ejecutado. En julio pasado, un tribunal de
primera instancia de Florida rechazó dicha alegación y concluyo que Gore tenía “una
comprensión racional de que va a ser ejecutado porque asesinó a la señora Robyn
Novick, y de que morirá a consecuencia de dicha ejecución”.
El 13 de
agosto, La Corte Suprema de Florida confirmó dicho fallo y el 26 de septiembre
un tribunal federal de primera instancia denegó la apelación contra las
resoluciones de los tribunales estatales. El juez que se encargó del caso
escribió: “La corte acepta su limitado papel respecto a la revisión federal de
hábeas corpus. La ley exige este resultado”. El 27 de septiembre, la Corte de
Apelaciones del Undécimo Circuito, corte federal, se negó a suspender la
ejecución y el 1 de octubre la Corte Suprema de Estados Unidos declinó
intervenir.
Su muerte ha supuesto la ejecución número 28 que
se lleva a cabo en Estados Unidos este año, y la quinta en Florida. En Estados
Unidos se han llevado a cabo 1.348 ejecuciones desde que se reanudaron los
homicidios judiciales en virtud de las nuevas leyes de pena capital en 1977.
Florida ha sido responsable de 79 de estas ejecuciones, una cifra sólo superada
por Texas, Virginia y Oklahoma.
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