Amenazan a la activista Malú García Andrade y a su familia en México

El pasado 17 de octubre, Malú García Andrade, defensora de los derechos humanos mejicana, realizaba actividades de incidencia en el Senado en Ciudad de México cuando recibió dos llamadas anónimas. Desde el otro lado del teléfono una voz describió a sus dos hijos, detalló la ropa que llevaban puesta y el lugar dónde se encontraban, y le dijo que iban a secuestrarlos y matarlos.

Según la activista, se supone que ella y sus hijos deben contar con  la compañía de guardaespaldas, de acuerdo con las medidas dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y aplicadas por el Gobierno federal. En el momento en que se produjeron las amenazas, Malú estaba acompañada por uno de los dos salvaguardias que le han asignado. El segundo no estaba y los estipulados para sus hijos no estaban trabajando. En las últimas semanas ella informó a Amnistía Internacional que le habían comunicado que el número de escoltas iba a reducirse gradualmente con vistas a poner fin a las medidas de protección.

De inmediato solicitó ayuda al Gobierno de Ciudad de México. Enviaron un coche patrulla de la policía a su casa. Allí estaba su hijo, pero los del patrullero no informaron a su hijo de si habían comprobado el recinto. Tampoco se quedaron para montar guardia frente a un posible ataque.

Ese mismo día, un representante de la unidad de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación federal la acompañó a La Procuraduría General de Justicia de DF para presentar una denuncia penal por las amenazas. Ella sostiene que están relacionadas con su trabajo de apoyo a los familiares de las mujeres secuestradas y asesinadas en Ciudad de México y los estados circundantes. Anteriormente ya se vio obligada a huir de Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, tras recibir amenazas de muerte debido a su trabajo en defensa de los derechos humanos.

Malú pertenece a Nuestras Hijas de Regreso a Casa (NHRC), una organización creada en 2001 tras una serie de secuestros y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. Una de las víctimas de aquellos hechos violentos fue su propia hermana, Alejandra. Norma, su madre y fundadora de la organización, también recibió amenazas en el pasado por su defensa de los derechos humanos.

El 30 de septiembre de 2011 presentó una denuncia ante las autoridades federales tras haber sufrido amenazas por vía telefónica. Unos días después recibió un mensaje en el que le advertían de que su familia y ella disponían de 12 horas para dejar la ciudad o, de lo contrario, morirían. Malú tuvo que abandonar Ciudad Juárez con los suyos. Desde 2008, la Comisión Interamericana de Derecho Humanos ha dictado medidas cautelares de protección a favor de cuatro integrantes de Nuestras Hijas de Regreso a Casa y ha pedido a las autoridades mexicanas que garanticen su protección.