Una diana en medio de los dos frentes combatientes de Colombia

Diego Martínez es secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) de Colombia, donde su compañero Jeison Paba actúa como abogado.

 

Ambos activistas por la defensa de los Derechos Humanos participaron el pasado 6 de julio en el Evento Internacional de Jóvenes por la Paz celebrado en el municipio de La Macarena, en el departamento del Meta de Colombia, una zona fuertemente militarizada.

 

Durante su participación recibieron un mensaje de correo electrónico sin firmar que decía textualmente: “hemos decidido declararlos objetivos militares, para acabar con su actividad criminal y terrorista ustedes que disfrazados como defensores de derechos humanos, no son más que miembros de las [guerrillas]”. También decía que la advertencia no sólo era para ellos, sino que incluía a sus familias y les avisaban de que no estaban a salvo.

 

En aquel acto, el CPDH y otras ONG de derechos humanos propusieron una campaña contra la ampliación del sistema de justicia militar, que ha desempeñado un papel crucial para garantizar la impunidad a muchos miembros de las fuerzas de seguridad implicados en violaciones de derechos humanos. El CPDH también ha representado a personas detenidas en varios casos de detención colectiva y ha pedido que se inicien procedimientos disciplinarios contra un alto mando de la policía.

 

Jeison Paba ha trabajado como abogado para los campesinos de la finca La Europa, en el departamento de Sucre. En marzo de 2013, los campesinos presentaron una petición para que se les restituyeran sus tierras. El abogado recibió cinco amenazas de muerte de paramilitares desde junio de 2012, entre ellas algunas del Ejército Anti Restitución. El 16 de enero de este año, un hombre dijo mediante una llamada telefónica al CPDH que querían su “cabeza”.

 

Diego Martínez, secretario ejecutivo del CPDH, también había recibido amenazas con anterioridad. Se ha visto a personas vigilando el Evento Internacional de Jóvenes por la Paz y los organizadores lo denunciaron a las autoridades, pero no se ha emprendido ninguna acción para identificar a esas personas o para averiguar por qué vigilaban.

 

Las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y los representantes de la comunidad campesina han condenado las ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad en el municipio de La Macarena, en el departamento del Meta. En el cementerio del municipio están enterradas numerosas víctimas de dichas ejecuciones, de las que el sistema de justicia militar ha garantizado la impunidad de sus autores.

 

En junio de 2013, el Congreso colombiano aprobó una ley estatutaria para una reforma de la Constitución aprobada en diciembre de 2012 que refuerza la justicia militar. El temor a que la impunidad por violaciones de los derechos humanos aumente está más que justificado.

 

Una de las cosas más difíciles durante el largo conflicto armado en Colombia es ejercer como activista de derechos humanos. Con demasiada frecuencia las fuerzas de seguridad y los paramilitares han calificado de colaboradores o simpatizantes de la guerrilla a los miembros de las organizaciones de derechos humanos, sindicatos y otras organizaciones sociales.

 

Los activistas se han convertido con frecuencia en víctimas de homicidios, amenazas o desapariciones forzadas. Los grupos guerrilleros tampoco han sido ajenos a estas prácticas y también han matado o amenazado a activistas a los que consideraban aliados del enemigo.  Es como colocar una diana justo en medio de dos frentes combatientes.

 

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos se fundó en 1979 y tiene su oficina principal en Bogotá, además de otras 15 repartidas por distintas partes de Colombia. Hasta ahora, 54 de sus miembros más destacados han sido asesinados.