Según informa Amnistía Internacional, Mu’ayyad Yassin ‘Aziz ‘Abdel-Razzaq, un ex coronel del ejército iraquí con Sadam Husein de 50 años que fue detenido por las fuerzas estadounidenses en su casa de Bagdad en septiembre de 2004, corre un riesgo inminente de ser ejecutado. Durante su detención tanto él como sus familiares fueron golpeados y, tras una semana bajo custodia de Estados Unidos, fue entregado a las autoridades iraquíes, quienes también le inflingieron tortura varias veces durante su reclusión entre 2004 y 2006.
En junio de 2006 compareció por primera vez ante el Tribunal Penal Central de Irak, en Bagdad. Se le acusó de participar en la dirección de un grupo armado llamado “Ejército de Mohammad” y en ataques armados contra tropas estadounidenses e iraquíes en distintas partes de Irak.
Durante el juicio negó todos los cargos y dijo al tribunal que había sido torturado en prisión y obligado a firmar una “confesión” autoinculpándose. Fue condenado a muerte a finales de junio de 2006. Su abogado de oficio recurrió la condena.
El 27 de abril de 2011, el Tribunal de Casación de Bagdad confirmó la pena de muerte. Si el presidente iraquí ratifica la condena, Mu’ayyad Yassin ‘Aziz ‘Abdel-Razzaq podría se ejecutado en cuestión de días o semanas. Actualmente se encuentra recluido en la prisión de Al Kadhimiya de Bagdad.
Su familia ha manifestado a Amnistía Internacional que, aunque pidieron información sobre su suerte y su paradero al Ministerio de Derechos Humanos desde que fue detenido, no se enteraron de su lugar de detención, su juicio y su condena de muerte hasta que dieron la noticia en televisión en noviembre de 2006. Les permitieron visitarlo por primera vez en abril de 2009, más de cuatro años después de su detención.
El Tribunal Penal Central de Irak fue establecido por la Autoridad Provisional de la Coalición en junio de 2003 para conocer de delitos de terrorismo, violencia sectaria, delincuencia organizada y corrupción oficial. Los juicios que protagoniza incumplen continuamente las normas internacionales sobre juicios justos.
Los acusados suelen quejarse de que sus “confesiones” se han obtenido por medio de tortura durante su interrogatorio en prisión preventiva, a menudo estando en régimen de incomunicación en comisarías de policía o en centros de detención controlados por el Ministerio del Interior. Estas “confesiones” se utilizan a menudo como prueba contra ellos en su juicio, y el Tribunal las admite sin tomar medidas adecuadas para investigar las denuncias de tortura.
Los acusados se quejan también de no haber podio elegir a su abogado; a las personas juzgadas ante el Tribunal Penal Central de Irak por delitos penados con la muerte se les asigna un abogado de oficio si no pueden costearse uno, pero la calidad de la defensa en tal caso es mala. Algunos abogados se niegan a defender a personas acusadas de “terrorismo”, que son en su mayoría musulmanes suníes, por temor a sufrir represalias de grupos armados vinculados a partidos políticos chiíes representados en el Consejo de Representantes (Parlamento) iraquí.
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