Viera en el ojo del huracán

Mal día hoy para el secretario general de los socialistas sevillanos, José Antonio Viera, que se ha desayunado colocado en el epicentro del ojo del huracán de la polémica desatada por el escándalo de las prejubilaciones fraudulentas en los ERE tramitados desde la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.

El Partido Popular ya ha exigido su cese inmediato como senador y secretario general provincial y el Partido Andalucista le ha instado a dar la cara y aportar las explicaciones pertinentes. Ni si quiera su decisión de expulsar a los militantes que figuren entre las posibles prejubilaciones fraudulentas ha logrado calmar los ánimos del patio.

La espoleta que ha dinamitado de manera definitiva la situación ha sido el anuncio por parte de la Consejera de Presidencia, Mar Moreno, del descubrimiento por parte de la Junta de 37 nuevos casos de prejubilaciones irregulares a partir de 2001 y que ha puesto a disposición de la juez. Entre esos beneficiarios recién descubierto figuran algunos ex alcaldes y otros cargos socialistas.

Así se ha sabido que uno de los beneficiarios es Rafael Rosendo, que fue alcalde de El Pedroso (Sevilla) desde 1987 a 1995 y desde 1999 a 2007, dándose la circunstancia de que entre ambos mandatos, es decir entre 1995 y 1999 el alcalde de dicha localidad fue el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, el mismo que declaró ante la policía judicial la existencia de un “fondo de reptiles” para las prejubilaciones de más de 640 millones de euros. También se ha sabido que otro de los beneficiarios sería Juan Rodríguez Cordobés, delegado de Trabajo y Asuntos Sociales en Sevilla durante el período 1998-2000.

El hecho de que los populares hayan puesto el punto de mira sobre el secretario general de socialistas sevillanos se debe a que fue el firmante del acuerdo, junto con el entonces presidente del IFA y posterior sucesor en el cargo, Antonio Fernández, que facultaba al ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero para conceder ayudas a empresas en crisis “en representación y por delegación del consejero”, algo que la propia policía judicial considera como alegal, nulo de pleno derecho y concebido para evitar los controles de fiscalización habituales.

Además, los andalucistas, por boca de su presidente en Sevilla, José Antonio Sánchez, han señalado que “da la casualidad que los nombres que están saliendo de políticos beneficiarios de los presuntos falsos ERES formaban parte de las listas electorales en distintas poblaciones de la provincia” y que “resulta muy curioso que los nombres que aparecen en la lista de presuntos jubilados falsos sean de socialistas de El Pedroso y de Coria del Río, donde Viera ha tenido sendas casas y ha estado residiendo durante algún momento de su vida”.

El caso ya ha trascendido las fronteras de Andalucía, donde Arenas ya ha acusado a José Antonio Griñán de autorizar ayudas a ERE al margen de la legalidad, y ha llegado al congreso de los diputados esta misma mañana, cuando la portavoz del grupo popular, Soraya Sáenz de Santamaría, ha pedido cuentas al vicepresidente primero del gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, por los falsos ERE y prejubilaciones y ha calificado como “repugnante que algunos socialistas hagan negocio precisamente con esto”.

Lo cierto es que es lamentable que, a estas alturas y con el cariz que está tomando este asunto, la Junta y el PSOE no haya cortado ninguna cabeza todavía ni depurado responsabilidades. La excusa del engaño ya no se la traga casi nadie y en toda la prensa local la petición de una actuación rápida y fulminante es ya todo un clamor.

Ahora es la Junta la que tiene la pelota en su tejado de tomar una rápida decisión y actuar en consecuencia y puede que incluso sea demasiado tarde para ello. Porque parece como si alguien se hubiese empeñado en poner en bandeja la tan deseada victoria en Andalucía a Javier Arenas y estuviese a punto de conseguirlo. Arenas, a buen seguro, ya estará frotándose las manos ante la inminencia del festín.