Una campaña electoral ERE que ERE

Lo que comenzó siendo un escándalo que afectaba exclusivamente a una empresa participada con dinero público, Mercasevilla, ha terminado por convertirse con el tiempo y la tenaz investigación de la juez Alaya en un presunto caso de corrupción generalizada en el que pueden verse implicados algunos altos cargos de la Junta. Este importante salto cualitativo puede significar un giro copernicano en la campaña electoral en ciernes.

El acuerdo suscrito entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) facultaba al ex director general de trabajo, Javier Guerrero, para conceder ayudas a empresas en crisis “en representación y por delegación del consejero”. Sin embargo, tal delegación no fue publicada en el BOJA, como establece la Ley de Régimen de Administraciones Públicas, y por ello la policía judicial entiende que se hizo para evitar los controles de fiscalización habituales hasta entonces.

El citado acuerdo lo firmaron José Antonio Viera, Consejero de Empleo por entonces y actual secretario general de los socialistas sevillanos, y Antonio Fernández como presidente del IFA. Además, según cuenta El País, el acuerdo caducó en 2003 y no fue renovado.

Por este asunto hay hasta ahora cuatro detenidos, pero no se descartan nuevas detenciones y se prevé la comparecencia judicial de varios consejeros, aunque todavía está por determinar en calidad de qué.

El caso ha supuesto un inesperado extra de munición para el Partido Popular, que no ha tardado en disparar sus primeros cartuchos. Javier Arenas ha exigido auditar sin demora todos los fondos de empleo. Y Zoido ya ha lanzado una velada acusación a su oponente a la alcaldía de Sevilla, Juan Espadas, para que aclare su participación en el ERE de la Empresa de Gestión Medioambiental de la Junta de Andalucía (EGMASA), cuando era su presidente en el año 2004, algo que el PSOE no ha tardado en desmentir. Por su parte, el presidente del PP de Sevilla, José Antonio Sanz, realizó unas declaraciones en las que afirmaba que la provincia es “la cuna de la corrupción del socialismo en Andalucía”, a lo que José Antonio Viera ha respondido con el anuncio de la interposición de una querella por injurias y calumnias.

Ayer, el portavoz socialista en el Parlamento, Mario Jiménez, efectuó unas declaraciones intentando quitar leña al asunto. “Estamos ante una cuadrilla de cuatro sinvergüenzas que aprovecharon su posición al frente de algunas empresas ajenas a la administración autonómica”, dijo. Sin embargo, el ex Consejero de Empleo, Antonio Fernández, reveló que las ayudas se dan de la misma manera desde hace veinte años.

El patio está de lo más calentito y no es para menos. Por mucho que Jiménez diga que son cuatro golfos, estamos hablando de casi una década por la que han pasado tres consejeros distintos, Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera y Antonio Fernández. Demasiado tiempo, con miles de prejubilaciones que ahora habrán de ser investigadas, como para que el mal no se haya detectado y erradicado antes.

Ahora, con el escándalo en plena ebullición y a expensas de las nuevas sorpresas que pueda deparar la exhaustiva investigación de la juez Alaya, no cabe la búsqueda de un cortafuegos ni de un argumentario para sofocar el incendio.

Lo único que vale ahora es una actuación rápida y contundente de la Junta que depure las responsabilidades políticas que pudiera haber, independientemente de las penales de las que se encargarán los juzgados.

Engañar a tres consejeros diferentes y durante tanto tiempo es mucho engañar y alguna responsabilidad política, aunque sea por negligencia, debe haber en ello y la Junta debe ser la más interesada en dar ejemplo y depurarla.

De no ser así, tenemos asegurada una campaña electoral más ERE que ERE que nunca.