Mal pintan las cosas en el PSOE de Sevilla, perdido en un movimiento de enroque permanente para proteger a sus piezas más preciadas. El caso de las presuntas prejubilaciones fraudulentas se convierte en maniobras de acoso cada vez que afloran nuevos datos y en el seno del partido en Sevilla se hace más difícil la respiración y, lo que es más importante todavía, el continuar negando la mayor por sistema como mecanismo de defensa.
De nuevo es la figura de José Antonio Viera, secretario general del PSOE sevillano, la que se ha puesto en el centro del candelero al publicar el diario El Mundo en su edición impresa que fue él quien prometió 600.000 euros a los socios de una cooperativa aceitunera con cargo al fondo con el que se financiaban los expedientes de regulación de empleo.
Según informa dicho periódico, la cantidad fue transferida por el ex director general de Trabajo, Javier Guerrero. Tal revelación ha propiciado que Rosario Soto, portavoz del Partido Popular de Andalucía, se haya preguntado hoy que “¿a qué está esperando José Antonio Viera para dimitir?”. La situación del dirigente socialista se torna cada vez más insostenible.
Por si fuera poco, la acusación de cohecho por parte de la Fiscalía contra el ex delegado de Empleo, Antonio Rivas, y la petición de una multa de 900.000 euros y 21 meses de inhabilitación para cargos públicos tiene dividido al socialismo sevillano.
Rivas mantiene su cargo orgánico como miembro del comité director, el máximo órgano del partido en Andalucía entre congresos, y esto propicia que una parte de sus compañeros defiendan que debe dimitir.
Sin embargo, otro sector, entre quienes se encuentra el propio José Antonio viera, creen que el partido debe realizar alguna muestra de apoyo público al ex delegado, porque consideran que la acusación contra él es muy débil, ya que se basa en el testimonio de Fernando Mellet realizado en una sede no judicial. Susana Díaz, secretaria de organización del PSOE-A, ha descartado que se le vaya a abrir expediente por el momento.
Además hoy se ha producido la dimisión como portavoz adjunto del grupo municipal socialista del delegado de Movilidad, Francisco Fernández. Según Fernández, este hecho se produce para dejar paso a alguien que vaya integrado en la lista de Juan Espadas a la alcaldía de Sevilla, ya que ocupará su cargo el concejal Joaquín Díaz, y que no se siente desplazado. Cuesta creerlo, porque todo el que quiso pudo ver la decepción reflejada en el rostro de Fernández la noche que se aprobó la lista en la agrupación que preside en Cero-Amate.
La guinda del pastel la pone el hecho de hoy mismo se haya denegado de nuevo la creación de una comisión de investigación sobre Mercasevilla en el Pleno del Ayuntamiento con el voto de calidad del alcalde, Alfredo Sánchez Montesirín, ante la abstención de los tres concejales del socio de gobierno, Izquierda Unida.
En mitad de esta marabunta, el candidato socialista, Juan Espadas, continúa intentando abrirse paso ante una realidad que parece resistírsele por más empeño que le pone. Prueba de ello es que, ante el ímprobo esfuerzo que está realizando por consensuar una salida negociada al encallado conflicto de Tussam, siempre recibe la misma respuesta: la empresa se niega sistemáticamente a ofrecer los datos de las cuentas.
La maniobra no se puede entender, teniendo en cuenta de que el presidente de la misma no es otro que el delegado de Movilidad y compañero de partido, Fran Fernández, y que el candidato por Izquierda Unida a la alcaldía y socio de gobierno, Antonio Rodrigo Torrijos, se haya quejado públicamente en varias ocasiones por el mismo motivo.
A no ser que Fernández y su servil gerente, Arizaga, estén jugando desde otro bando la partida, cosa que tampoco causaría una gran sorpresa, porque en el mundo de la política las puñaladas casi siempre vienen tu propio bando.
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