Controladores; cuando el remedio es peor que la enfermedad

Hace ya más de un año y tres meses denuncié en este blog y ante los Juzgados de lo Social de Sevilla lo que considero una práctica de acoso laboral y una persecución inconcebible de la libertad de expresión.

Cuando puse el asunto en manos de mi abogado y éste presentó las correspondientes demandas en los Juzgados de lo Social, no cabíamos en nuestros cuerpos ante el asombro de que la celebración de las vistas se fijaran para el otoño de 2011, casi dos años después. La explosión de la crisis económica y la consiguiente y demoledora ráfaga de despidos, además de la lentitud legendaria de la justicia de este país, provocaron que los juzgados se colapsaran y que, ante la lógica prioridad para resolver los despidos masivos, las demás causas tuvieran que esperar su turno entre bambalinas.

Más de una año después, aquí sigo, trabajando a las órdenes de quien considero que me ha acosado simplemente por no pensar igual que él, por defender unas ideas completamente opuestas a las suyas y por expresarlas en libertad sin insultar a nadie. Hasta que la justicia decida dentro de un año o poco más, he de convivir con el peso de su mandato, con el ninguneo permanente de mi persona por su parte y con algunas maniobras más que no quiero citar aquí porque habrán de esclarecerse durante los juicios. En la medida que puedo, soporto con estoicismo la etiqueta de apestado que se me ha impuesto por el simple hecho de no comulgar con ruedas de molino sin más. Pero es el precio que debemos pagar los españoles por la justicia que tenemos y no me quejo. Sé perfectamente que es el denominador común cuando los ciudadanos exigen ante los tribunales que se resarza la vulneración de sus derechos. Es lo que hay y, a pesar de todo, aún sigo confiando en la justicia.

Por eso no acabo de entender que en el caso de los controladores aéreos el remedio por el que se ha optado sea peor aún que la propia enfermedad. Y esto no significa que esté de acuerdo con lo que este colectivo está protagonizando y, sobre todo, con la forma en que lo está haciendo. Pero militarizar y declarar el estado de alerta no me parecen los medios más adecuados y es una clara discriminación para con el resto de los españoles cuando requieren de los servicios de la justicia de este país.

Si la justicia es lenta para todos los españoles y por norma general aplica el remedio más tarde que temprano, ésa es la justicia que debe haber para todos, incluido el Gobierno de la nación. Entre otras cosas porque la responsabilidad directa de la diligencia de la justicia del país es suya en exclusiva y si su funcionamiento es así, buena parte de la responsabilidad recae sobre sus decisiones.

El Gobierno debe aplicar la ley sin más reparos y atenerse a lo que la ley supone para el resto de los ciudadanos, como uno más. Ya se sabe que el remedio para la enfermedad vendrá a destiempo con toda seguridad, pero es exactamente lo mismo que todos y cada uno de los españoles debemos soportar llegado el caso. Sólo así tendrá un poco de credibilidad el principio constitucional de la igualdad de todos ante la ley.

Lo demás son soluciones extraordinarias cuyo carácter, oportunidad y motivación política son bastante cuestionables. Como dijo Nacho Escolar hace tiempo, hay terapias que dan más miedo que el propio cáncer.