Santa jueza Alaya de Sevilla

El que los ciudadanos endiosen a un miembro de la judicatura por su quehacer diario es un claro exponente de que la democracia se está deteriorando a pasos agigantados y comienza a desprender un tufillo a podrido que hecha para atrás hasta al olfato más resistente.

Ocurrió antes con el juez Garzón, súper héroe popular por el atrevimiento de querer investigar y sentar ante los tribunales de justicia los crímenes del franquismo y sacar a los muertos de los humedales de las cunetas y está sucediendo ahora en Sevilla con una magistrada, Mercedes Alaya, que está sacando a la luz la podredumbre que se acumula en los albañales del poder local.

A Garzón se lo cargó la derecha, temerosa como siempre de que los ilustres nombres de este país puedan perder su condición de inmaculados por la gracia de dios. La caza y captura de Alaya ya ha comenzado y amenaza con no tener tregua hasta alcanzar su objetivo: apartar de la investigación de los hechos a alguien que ya se está convirtiendo, más que molesto, en verdaderamente peligroso. Existe una crónica negra del ejercicio del poder que no conviene que sea revelada y para impedirlo se mueven resortes casi imposibles. La merma y el adelgazamiento del músculo democrático del país son las primeras consecuencias de este tipo de actuaciones.

Sin embargo, lo que esperan los ciudadanos no es sólo que Mercedes Alaya llegue hasta el final de sus investigaciones, sino que incluso las extienda a otras actividades donde los resultados obtenidos hacen presagiar que pueden haberse dado actuaciones similares.

El panorama de la política de la ciudad, donde se suceden los escándalos y las irregularidades, invita desde luego a ello. No hay obra emprendida que no venga incrementada por sospechosos sobre costes, aparecen facturas falsas a poco que levantes una loseta de gestión municipal, cada vez se hace más difícil encontrar a un colaborador del alcalde que no esté imputado en una investigación judicial, la terrible situación de quiebra de las empresas municipales impele a sopesar con lupa los cuadres de sus cuentas, aparcamientos que no se construyen por los que se cobran fianzas que no se devuelven, y miles de ciudadanos tomando las calles en protesta por una situación que se les escapa pero que les afecta directamente en su cotidiano existir.

Mientras tanto, la respuesta de los políticos sigue siendo más de lo mismo, promesas de investigación hasta el final que políticos del mismo signo obstaculizan en otros ámbitos. Y los ciudadanos condenados a no conocer la verdad a las puertas de unas elecciones donde se va a decidir quién dirigirá los designios de esta ciudad durante los próximos cuatro años.

El caso Mercasevilla puede que sea sólo la punta del iceberg de un escándalo mayúsculo de corrupción y mala administración de los dineros públicos sin precedentes en Sevilla. La buena lógica y salud democrática aconsejan que se depuren en su totalidad las responsabilidades y que los culpables de los desmanes sean puestos sin reparos ante la justicia. Sin embargo, los políticos huyen escaldados en cuanto se nombra la palabra investigación. Y a los ciudadanos no nos queda otra que encomendarnos a la constancia y el afán por desvelar la verdad de una jueza que se ha convertido en protagonista estelar de la ciudad casi sin proponérselo. Así, la democracia no puede más que enfermar de gravedad.

Que nadie se extrañe entonces de que en una ciudad tan mariana como esta, la jueza Alaya acabe elevada a los altares entre sábanas que revolotean al viento por el empuje del fervor popular.