Shaikh Khalid Nahshal, Mabkhout Ali Nahshal y Abduh Muhammad Nahshal, son tres de las treinta y dos personas que fueron procesadas por el homicidio de al emnos un representante del gobierno de Yemen en el distrito de Jayran, en el norte del país.
El suceso ocurrió en septiembre de 2006, tras una disputa a causa de las elecciones locales y presidenciales y un tiroteo entre un grupo de hombres armados y el representante del gobierno en Jayran.
En 2007, seis de los acusados fueron condenados a pena de muerte, pero a tres de ellos les conmutaron la pena por condenas de prisión en junio del año pasado después de una apelación. Los otros veintiséis fueron condenados a prisión.
En enero de este año, el Tribunal supremo confirmó las condenas de muerte de Shaikh Khalid Nahshal, Mabkhout Ali Nahshal y Abduh Muhammad Nahshal. Sin embargo, según informes de Amnistía Internacional, estos tres hombres expuestos a ser ejecutados son destacados miembros del partido de oposición Islah y sus abogados han denunciado que sus juicios no cumplieron las normas internacionales de justicia procesal.
En concreto han manifestado que no les habían dado una oportunidad completa y efectiva de impugnar las pruebas presentadas contra sus clientes y que los jueces habían sido amenazados por familiares del representante del gobierno muerto. Además, según los abogados, temen que sus clientes hayan sido procesados por haber apoyado a un candidato que había organizado una campaña contra el presidente en ejercicio, Ali Abdullah Saleh, en las elecciones presidenciales de 2066.
Ahora la ratificación de la pena de muerte del Tribunal Supremo de Yemen ha sido enviada al Presidente, que si las ratifica, los pone en riesgo de inminente ejecución.
Malcolm Smart, director del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África, aseguró en el informe “Yemen: Cracking Down Under Pressure”: “Ha prosperado una tendencia sumamente preocupante, a saber, que las autoridades yemeníes, sometidas a la presión de Estados Unidos y otros países para que combata a Al Qaeda, y de Arabia Saudí para que resuelva el problema con los huthis, utilizan la seguridad nacional como pretexto para hacer frente a la oposición y acallar todas las críticas”.
Es un hecho constatado que los yemeníes acusados de apoyar a los huthis (rebeldes chiíes zaidíes armados en la región septentrional de Sada) o la Movimiento del Sur también han sido blancos específicos de detención arbitraria y juicios injustos ante tribunales especiales, al igual que periodistas, disidentes, defensores de los derechos humanos y personas críticas con el gobierno.
La crítica situación de los derechos humanos en Yemen está directamente orquestada por unos servicios de seguridad que apenas rinden cuentas y que informan directamente al Presidente de Yemen, Alí Abdullah Saleh.
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