Tahir Asanov es el abogado defensor de uno de los diez hombres acusados de cargos que van desde la implicación en la muerte del jefe del distrito de policía de Kara Suu hasta de participar en los disturbios que se produjeron durante la violencia desatada en junio de esta año en Kirguistán.
El juicio comenzó en Osh, en el sur de Kirguistán, el pasado 29 de septiembre. Los acusados comparecieron encerrados en una jaula de metal colocada en la sala del tribunal. Durante uno de los recesos, varios agentes uniformados pertenecientes al Ministerio del Interior (MIA) penetraron en la jaula y golpearon reiteradamente a los acusados durante veinte minutos. Los guardias encargados de la seguridad del tribunal abrieron la puerta de la jaula a los agentes y se mantuvieron al margen mientras se producía la agresión.
En esos momentos, sólo se encontraban en la sala los familiares del jefe de policía muerto. Una vez propiciada la paliza, los agentes abandonaron la jaula amenazando a los acusado con matarlos si contaban a alguien lo sucedido.
En la vista celebrada al día siguiente, Tahir Asanov solicitó la apertura de una investigación sobre la paliza y que los acusados fueran sometidos a un reconocimiento médico. Los familiares del jefe de policía asesinado comenzaron entonces a lanzar insultos al abogado y lo agredieron golpeándolo varias veces. Los funcionarios judiciales apenas reaccionaron ante la agresión al letrado y el juez ni restauró el orden, ni expulsó a los agresores de la sala, que continuaron con sus insultos como si nada.
Al finalizar la vista, Tahir Asanov fue seguido por los familiares fuera de la sala y lo volvieron a agredir a golpes durante unos diez minutos, ante la mirada impasible de los policías que se encontraban presentes y que no hicieron nada por intervenir.
La violencia que devastó grandes zonas del sur de Kirguistán comenzó el 10 de junio de este año y se intensificó con rapidez hasta que derivó en incendios, saqueos y ataques violentos en gran escala, incluidos homicidios y violencia sexual, contra los distritos de Osh, Jalal-Abad y ciudades y pueblos circundantes poblados principalmente por uzbecos.
La mayoría de las víctimas ocasionadas son uzbekas, aunque también existen informes de bandas armadas de esta etnia que han atacado a personas de la etnia kirguís. Durante los días que duró la violencia y en los posteriores, se calcula que 400.000 uzbekos y kirguises se vieron obligados a huir de sus hogares.
Desde que el gobierno provisional aseguró haber recuperado el control de las regiones meridionales de Osh y Jalal-Abad, se han indo incrementando las denuncias sobre la pasividad de las fuerzas de seguridad kirguises, integradas en su mayoría por personas pertenecientes a dicha etnia, a la hora de impedir actos de violencia o por haber participado en la comisión de abusos contra los derechos humanos.
Existen grabaciones en vídeo y relatos coincidentes de testigos presenciales que corroboran que, durante el tiempo que duró la violencia, vehículos blindados para el transporte de personal y hombres de uniforme irrumpieron en pueblos y barrios uzbekos atrincherados, sin que las fuerzas de seguridad hicieran nada para detener la escalada de violencia.
Amnistía Internacional cuenta con informes fidedignos que demuestran que, tras la ola de violencia desatada, defensores de los derechos humanos, periodistas y otros actores de la sociedad civil que documentaron los sucesos se han convertido en blanco de las autoridades, que han intentado incautarles el material y han puesto infinitas trabas al desempeño de su labor.
Desde entonces, las autoridades kirguises han detenido a cientos de personas acusándolas de organizar o participar en la violencia, especialmente pertenecientes a la etnia uzbeka de la ciudad de Osh. La mayoría de las detenciones practicadas han sido arbitrarias y muchas personas han sido sometidas a tortura y otros malos tratos al objeto de obtener confesiones. Además, se les deniega sistemáticamente la atención médica y el acceso a sus abogados y familias, siendo sometidos a intimidación y obligados a pagar grandes sumas de dinero a cambio de asegurar la puesta en libertad de sus familiares.
También se sospecha de que se han producido muertes bajo custodia y otras agresiones a los abogados defensores de los acusados en otros juicios de personas detenidas en presencia de la policía y de los funcionarios judiciales, sin que éstos hayan hecho nada para impedirlo.
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