Es de lo más correcto políticamente firmar tratados de Derecho Internacional y aparecer ante la vista de los demás como una democracia avanzada, que respeta los derechos Humanos y está a la vanguardia de su defensa y protección. Mola mazo tener ese look de modernidad y aparentar ser un Estado respetuoso con la legalidad internacional.
Pero qué ocurre cuando una autoridad internacional en la materia le saca los colores a todo un Estado, Tribunal Constitucional incluido. Qué ocurre cuando en uno de esos estados tan respetuosos, ardoroso defensor de los derechos de los ciudadanos, un policía te detiene en plena calle y te espeta “tenemos instrucciones de identificar a gente como usted”. ¿Se firman los acuerdos internacionales sólo para figurar o para aplicarlos con rigor y garantizar su cumplimiento? ¿Hacemos política internacional de salón?
Es lo que le ha sucedido a la totalidad del Estado Español, que ha sido puesto en evidencia por el Comité de Derechos Humanos de la ONU a raíz del caso de Rosalind Williams.
La cuestión ahora es si el Estado está dispuesto a demostrar con hechos ese escrupuloso respeto a los Derechos Humanos del que tanto alardea y tiene la humildad necesaria para intentar paliar de alguna manera la agraviada dignidad de Rosalind.
A Mariano Rajoy bien le valdría también tomar nota de este caso, porque esto sí que es un caso flagrante de trato discriminatorio por parte de los poderes del Estado y no las fantasmadas que él y su partido denuncian a bombo y platillo.
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