En Jammu y Cachemira (India) continúan las protestas exigiendo al gobierno la investigación de la violación y asesinato de dos mujeres por miembros de la Central Reserve Police Force (CRPF) en Shopian el pasado 30 de mayo. Durante la semana que ya duran las manifestaciones se han contabilizado ya un muerto y 150 heridos.
Las dos mujeres, Aasiy Jan, de 22 años, y su cuñada Niloufer Jan, de 17, desaparecieron cuando fueron a cuidar los árboles frutales de la familia el pasado 29 de mayo en Nagbal, cerca de Shopian. Sus cuerpos fueron encontrados al día siguiente en dos lugares distintos de Ranbi Ara, un arroyo cercano a un campamento de las CRPF.
Los miembros de la familia y los lugareños acusan integrantes de las fuerzas de seguridad de la participación en la violación y el asesinato de ambas mujeres y exigen que se abra una investigación.
La policía y las fuerzas paramilitares han disparado contra los manifestantes en varios lugares, incluidos Shopian, baramulla y Srinagar. Informes de los hospitales donde han sido atendidos los heridos han confirmado que las fuerzas de seguridad han utilizado tanto balas de goma como munición reglamentaria contra los manifestantes.
Organizaciones de derechos humanos y periodistas han informado que las fuerzas de seguridad han hecho intentos de suprimir las evidencias y la policía tampoco hace nada ni interroga a ningún testigo, a pesar de que las autoridades del Estado han ordenado la apertura de una investigación judicial de los asesinatos.
Sam Zarifi, director de Amnistía Internacional para Asia y el Pacífico, ha manifestado que las protestas son por la reiterada negativa del gobierno indio a poner a disposición de la justicia a miembros de las fuerzas armadas que cometen serias violaciones de los derechos humanos y que mientras no se depuren las responsabilidades por la conducta de las fuerzas armadas en Cachemira el descontento de los residentes locales continuará.
Amnistía Internacional ha solicitado a las autoridades indias que se abra una investigación justa e imparcial sobre la actuación de los miembros de la CRPF. La legislación en materia de seguridad en vigor en Jammu y Cachemira facilita la impunidad mediante el otorgamiento de poderes discrecionales a las fuerzas de seguridad que les permite violar sistemáticamente los derechos humanos.
Ya existían graves preocupaciones sobre anteriores investigaciones ordenadas por las autoridades en materia de violaciones de derechos humanos, incluidas las ejecuciones ilegales, las violaciones y las desapariciones forzadas.
Amnistía Internacional también ha sabido que el pasado 8 de junio se produjo la detención arbitraria y sin cargo alguno de al menos cuatro dirigentes de las organizaciones separatistas de Cachemira. Syed Ali Shah Geelani, uno de los detenidos, se encuentra en paradero desconocido, mientras que los otros tres están bajo arresto domiciliario.
"Las autoridades deberían garantizar que las fuerzas de seguridad cumplen con las normas internacionales de derechos humanos sobre la aplicación de la ley, en particular las relativas al uso de la fuerza para hacer frente a los manifestantes. Cualquier caso de uso excesivo de la fuerza deben ser investigado con imparcialidad", ha dicho Sam Zarifi.
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