Proteger la libertad de información para ser más libres

Paula Gonzalo nos cuenta en Periodismo ciudadano que, a raíz de la muerte del blogger iraní Omid Reza Mir Sayafi, en Global Voices Advocacy se está orquestando una campaña para proponer el 18 de marzo como el “Día Internacional de la Solidaridad con los Bloggers Perseguidos”.

Su objetivo es “poder recordar, hablar y honrar en ese día a los bloggers encarcelados, torturados, asesinados y amenazados, independientemente de sus ideas políticas, sociales o étnicas. También podemos discutir en este día las medidas que se deben adoptar en apoyo a los bloggers perseguidos”.

El tema no es moco de pavo, porque si tanto elogiamos la revolución que ha supuesto Internet y el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en la profundización del sistema democrático, debemos estar alerta contra esta progresiva y humillante criminalización de la información libre. Los totalitarismos siempre han centrado su diana en los informadores, es una práctica tan común como ancestral. Los informes que anualmente elaboran Reporteros sin fronteras aparecen plagados de informadores, sean periodistas o bloggers independientes, censurados o encarcelados, cuando no asesinados directamente y sin ningún pudor. Es el viejo y manido recurso de matar al mensajero.

El debate está candente, porque, como informaba un día antes en la misma página la propia Paula, en Estados Unidos se está intentando aprobar una nueva Ley de Libre Circulación de Información, para unificar toda la legislación a nivel nacional y el Congreso y el Senado andan a la gresca a la hora de decidir quién debe ser protegido o no. No sólo se trata de proteger a los informadores, sino también a sus fuentes, para garantizar el flujo libre de la información.

La irrupción de las nuevas tecnologías en panorama informativo ha supuesto una transformación de tal calibre que, a la hora de garantizar el derecho fundamental de la información y de la libertad de expresión, sea más que necesario adaptar las leyes a los tiempos que corren.

Hoy, periodistas y ciudadanos que informan haciendo uso de su libertad se difuminan y colaboran de una manera tan estrecha que resulta difícil distinguir a unos de otros y, sobre todo, se crea tal amalgama de canales informativos que, para preservar la libertad de información, es necesario proteger a ambos.

La protección que las constituciones liberales establecen para los periodistas y para el ciudadano en general en lo referente al derecho a la información y la libertad de expresión han de ser trasladadas de forma urgente al ámbito del Derecho Internacional, con obligatoriedad de aplicación en cualquier país del planeta.

El asesinato de un periodista o de un informador en uso de su libertad de expresión debería tener la misma catalogación que un crimen de lesa humanidad y debería ser juzgado por los tribunales internacionales. Sería una apuesta global por los valores que representa el sistema democrático.

Si no somos capaces de garantizar mediante el ordenamiento jurídico internacional que los periodistas e informadores puedan realizar su trabajo sin estar sometidos a ningún tipo de coacción seremos menos libres todos y cada uno de nosotros. Y la democracia dejará de ser entonces el mejor de los sistemas políticos conocidos.