Zuhair Kutbi, destacado escritor, comentarista y crítico saudí, está detenido sin cargos desde el pasado 15 de julio. En el momento de su detención fue golpeado y está expuesto a sufrir tortura y malos tratos en la muy democrática y amiga monarquía de Arabia Saudita.
Miembros de las fuerzas de seguridad —algunos vestidos de civil y otros uniformados, pero todos enmascarados— lo detuvieron en su casa, en La Meca. Los agentes lo engañaron para que les abriera la puerta principal, lo golpearon con las culatas de su fusiles y se los llevaron en un automóvil, al más puro estilo de una república bananera.
Estuvo recluido en tres lugares distintos, donde fue interrogado y sometido a malos tratos. Finalmente, lo trasladaron a la Prisión General de La Meca. Todavía no se han presentado cargos en su contra. El detenido precisa de atención médica, porque se está recuperando de una operación de cáncer y padece diabetes e hipertensión.
La razón de su detención no puede ser más patética. Aunque oficialmente no existen cargos, se cree que ha sido por unos comentarios que hizo el 25 de junio en el programa Fi al-Samim (Al grano), del canal de televisión por satélite Rotana Khalijia, en los que criticó la represión política en Arabia Saudí y propugnó reformas como transformar el sistema político del país en una monarquía constitucional. Algo de una gravedad extrema, como puede suponerse.
Desde la década de 1990, Zuhair Kutbi sufría hostigamiento e intimidaciones por su activismo pacífico. Había sido condenado al menos tres veces con penas de prisión y multas por pedir reformas y criticar las condiciones de las prisiones de Arabia Saudí. Además, le habían hecho firmar un documento por el que se comprometía a no hablar de asuntos públicos con la prensa, la radio o la televisión, ni a escribir en las redes sociales. Todo a mayor gloria de la casa real.
En Arabia Saudí, la represión de las formas de disidencia y activismo pacíficos es sistemática. También tiene la cualidad de la invisibilidad, ya que numerosos dirigentes occidentales que allí acuden rara vez hacen referencia a ello, y menos en presencia del sátrapa. Los españoles incluidos, por supuesto.
A principios del año pasado, la mayoría de los defensores de los derechos humanos independientes y destacados del país habían sido encarcelados o amedrentados para que guardaran silencio. Otros muchos han optado por la huida. La mayoría de ellos ya tenían prohibido de forma arbitraria el viajar y habían sufrido intimidaciones y hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad, en particular de la Dirección General de Investigaciones del Ministerio del Interior (conocida como Al Mabahith), antes de ser procesados y condenados a cumplir severas penas.
Muchos de ellos fueron condenados en juicios a todas luces injustos ante el Tribunal Penal Especial, que fue creado para conocer de delitos contra la seguridad y de terrorismo, pero cuya competencia y procedimientos no están especificados. Esta represión desde el poder forma parte de una campaña más generalizada emprendida para silenciar cualquier crítica que revele las violaciones de los derechos humanos cometidas por las autoridades. Algo así como la Ley Mordaza de Rajoy, pero más a lo bestia.
Sus víctimas son siempre destacados defensores y activistas de los derechos humanos, familiares de las víctimas de la represión, musulmanes chiíes saudíes disidentes que critican la discriminación de su comunidad y, en general, cualquier persona que se ponga en contacto con organizaciones internacionales dedicadas a estos menesteres.
Muchas de estas personas se han visto obligadas a firmar documentos en los que se comprometen a no hablar a nadie del hostigamiento y los malos tratos sufridos. Prohibido contar, que nadie sepa. Además, las autoridades recurren con frecuencia a la vigilancia masiva de las comunicaciones on line en particular con los medios de comunicación internacionales y con las ONG de derechos humanos.
También utilizan las amenazas de imposición de penas largas de prisión contra estas personas si no renuncian a su activismo y si no acceden a ser informantes de los represores. Por último, imputan y condenan a activistas y familiares por el delito de “comunicarse con grupos extranjeros" y llevan ante los tribunales, en especial ante el fatídico Tribunal Penal Especial, a personas condenadas arbitrariamente por cargos imprecisos en juicios manifiestamente injustos.
Tras haber silenciado a los defensores de los derechos humanos más notables del país, en 2013 las autoridades extendieron su represión al activismo en la Red y comenzaron a imponer mordazas a los abogados y a los familiares de las víctimas, o a cualquier persona que informara a las ONG de las violaciones cometidas.
Incluso los han obligado a firmar documentos donde se comprometan a no informar de los abusos sufridos por estas personas ni a revelar detalles de sus casos. Mientras tanto, los represores han utilizado los medios de comunicación controlados por el Estado para dar su propia versión de los hechos y poner a la opinión pública en contra de estos activistas, llegando en buena parte de los casos a tacharlos de terroristas y delincuentes.
Recordar al lector, para terminar, que el país en cuestión se llama Arabia Saudí y no Venezuela. Lo digo porque no vaya a ser que la información llegue a alguno de nuestros preclaros gerifaltes y ponga el grito en el cielo ante tal cúmulo de desatinos en un país amigo de Occidente.
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