La Contraloría General de la República del Perú, —máxima autoridad del Sistema Nacional de Control y encargada de supervisar, vigilar y verificar la correcta aplicación de las políticas públicas y el uso de los recursos y bienes del Estado— ha remitido un informe a la Segunda Fiscalía Anticorrupción, que se encarga del caso relativo al contrato adjudicado a la ingeniería Ayesa Perú para la gestión y supervisión de los proyectos de infraestructura de los XVII Juegos Bolivarianos Trujillo 2013, en el que concluye que "fue irregular y que además contó con la participación de un alto funcionario del Instituto Peruano de Deportes (IPD)".
Según informó el pasado lunes la periodista Pilar Sánchez en la emisora de radio peruana Exitosa, el alto funcionario en cuestión sería Francisco Boza Dibós, ex presidente del IPD. En el informe se especifica que en mayo de 2012 el IPD “solicitó 29 millones de nuevos soles para la preparación de atletas de cara al evento deportivo”, pero que dos meses después requirió una ampliación por un importe de 19,5 millones más, con lo que la suma total alcanzó casi 49 millones.
Para ser concedida esta última cantidad se requería un informe de la Oficina de Planificación y Presupuesto del IPD que no se realizó, sino que “sólo se remitió un oficio al Ministerio de Educación”, que pasó directamente al despacho ministerial, Secretaría General y viceministro de Gestión Educativa, en vez de “haber ingresado a través de mesa de partes de dicha institución”. Además, la Contraloría especifica que dicho importe se otorgó en detrimento del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, que está destinado a la construcción y equipamiento de instituciones edicativas para el II Ciclo de Educación Básica Regular.
La ampliación del presupuesto tenía por objetivo la justificación del contrato que José Quiñonez, presidente del Comité Olímpico Peruano (COP), suscribió el 6 de junio de 2012 “de manera irregular” con Ayesa, empresa a la que vinculan en Perú con el empresario encarcelado por presuntos casos de corrupción Martín Belaunde Cossio.
El órgano controlador estima que Francisco Boza, cuando gestionó la ampliación de 19 millones “evidenció que tenía conocimiento de la suscripción del contrato entre el COP y Ayesa Perú”, por el que la ingeniería española percibiría casi 13,5 millones de nuevos soles, ya que “Boza Dibós era también el secretario general del COP en esos momentos”. Por otro lado, la emisora de radio peruana reveló que el presidente del COP no tenía autorización para firmar dicho contrato.
Además también se han detectado irregularidades en lo referente a la forma de pago de dicho contrato. En el mismo se estipula que Ayesa percibiría un adelanto en concepto de anticipo por el 30% del total —unos 4 millones de nuevos soles— contra la carta de fianza y que sería abonado mensualmente entre los meses de julio a febrero de 2012.
Posteriormente, durante la Fase Inicial, se abonaría el 5% a la entrega del Plan Director de Gestión y otra cantidad de la misma cuantía a la entrega de las Bases estandarizadas para la Licitación Pública de las Obras y del Concurso Público de Supervisión. Y en la Fase de Licitación, Ayesa percibiría un 15% del monto del contrato a la entrega de los Informes de Aprobación de los Expedientes Técnicos, que se facturaría de forma lineal desde julio a noviembre de 2012, a razón de un 3% mensual.
Ya durante la Fase de Construcción, el 72% del monto total por la supervisión de los Procesos de Gestión de los contratos firmados, que se facturaría de la misma manera que el anterior desde el mes de agosto de 2012 hasta noviembre de 2013, a razón de un 4,5% mensual. Finalmente, durante el cierre de los contratos suscritos entre los Contratistas y los Entes Ejecutores, Ayesa Perú percibiría el 3% restante entre los meses de diciembre de 2013 y enero de 2014, a razón de un 1,5% mensual.
Sin embargo, la Contraloría resalta en su informe que Francisco Boza y Saúl Barrera Ayala, presidente y secretario general del IPD respectivamente, “autorizaron el desembolso de 13,5 millones —el importe íntegro del contrato— en octubre de 2012”, cuando éste sólo exigía el pago del anticipo de los 4 millones de anticipo". Además advierte sobre la no inclusión de una cláusula de penalidades por incumplimiento del contratista o retraso en las ejecuciones, situación que en opinión del órgano controlador “evidencia que dicho contrato permitía a Ayesa Perú incumplir plazos y obligaciones” en la gestión y supervisión de los proyectos.
El contrato, cuyo plazo de ejecución finalizaba el 31 de enero de 2014, estipulaba que Ayesa Perú debía supervisar y controlar en la localidad de Trujillo proyectos con un presupuesto total de 166,8 millones, en Lima por 181,3 y en Chiclayo por otros 93,2. Las instalaciones que estipulaba el proyecto en Trujillo abarcaban el Complejo Chicago con un estadio de atletismo y sus áreas exteriores, dos piscinas, el polideportivo municipal La Esperanza, el coliseo Gran Chimu, las edificaciones auxiliares Villa Bolivariana y el complejo Huanchaco para deportes de playa y un malecón para escenario de surf y triatlón.
En Lima contemplaba un centro de alto rendimiento, un velódromo, una bolera un coliseo de bádminton y una clínica deportiva en Videna, el Parque Huayna Capac —campo de hockey sobre hierba, pista para BMX, Montaña “Manchay”, campo de rugby y polígono de tiro—, además del complejo deportivo Campo de Marte, el coliseo Eduardo Dibos, un club hípico militar y el polideportivo Yahuar Huaca y las pista de remo y canotaje en el complejo Callao.
Finalmente, el proyecto se completaba con la construcción del Complejo Elías Aguirre en Chiclayo, que constaba un estadio de atletismo y sus áreas exteriores, un polideportivo, un coliseo, un centro acuático y otro de alto rendimiento. La mayoría de dichos proyectos no estuvieron terminados para la realización del evento deportivo.
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