Cuando desde el Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla tutelado por la jueza Alaya empezaron las primeras movidas relacionadas con la operación Madeja todo parecía indicar que se trataba de una trama de corrupción que se circunscribía en exclusiva al Ayuntamiento de Sevilla y, en especial, a los gobiernos de mandatos anteriores.
Era el principio del verano pasado. Los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) iniciaban sus pesquisas sobre una supuesta trama de sobornos a cambio de la concesión de contratos de obra pública que giraba en torno a la empresa Fitonovo SL y su red societaria.
Lo más cómico del caso es que por aquellos días desde el gabinete de prensa del Ayuntamiento de Sevilla se negaba la mayor y los plumillas a sueldo del alcalde, Juan Ignacio Zoido, tildaban de “no tener ni idea” a quien se interesaba por el caso. De hecho, la corporación municipal continuaba adjudicando contratos a la empresa investigada como si tal cosa.
El último —que se tenga constancia— fue adjudicado el 12 de diciembre de dicho año a una de las empresas de su red societaria desde la dirección general de Medio Ambiente y por un importe de casi 40.000 euros. Tan sólo cuatro días después, Zoido se veía obligado a destituir de manera fulminante a Joaquín Peña, director de Área de Parques y Jardines, tras su imputación en el caso.
Con esa decisión se desmoronaba la teoría exculpatoria esgrimida hasta entonces por Laredo y la prensa afín de que Madeja era un caso que sólo afectaba a la coalición de Gobierno PSOE-IU del mandato anterior. A día de hoy, incluso ya han aparecido en el sumario los nombres de Zoido y del teniente de alcalde y concejal de Economía, Empleo y fiestas Mayores, Gregorio Serrano, aunque ambos han negado cualquier tipo de implicación.
Sin embargo poco después, a medida que se revelaban datos sobre la investigación y la jueza redactaba nuevos autos, se desplomaría otro mantra que ya se daba casi por sentado; la corrupción no sólo afectaba al consistorio sevillano, sino que salpicaba a bastantes administraciones de diversa índole y también aparecían como presuntas implicadas otras empresas que colaboraban con Fitonovo a la hora de obtener los contratos públicos.
Además, en esos instantes ya era más que notoria la presunta implicación de diferentes funcionarios públicos en la recepción de sobornos. Las sospechas de Alaya ya apuntaban a que al afán de lucro personal se unía a una posible forma de financiación ilegal de los partidos políticos. Hecho que en la actualidad se encuentra bajo investigación y que presuntamente no sólo afectaría a PSOE e IU, también al PP, aunque los tres partidos lo niegan con rotundidad.
Si se toma como referencia la Plataforma de Contratación del Ayuntamiento hispalense, cuyos primeros datos se remontan a finales de 2008, las contrataciones que figuran abarcarían casi en su totalidad los dos últimos mandatos; el último de Alfredo Sánchez Monteseirín al frente de la ciudad y el primero de Juan Ignacio Zoido.
En ese marco temporal, el Gobierno de la coalición PSOE-IU que gobernó la ciudad desde 2007 a 2011 adjudicó a la red societaria de Fitonovo contratos por valor de 15,9 millones de euros, mientras que el ejecutivo del PP lo ha hecho por 32,3 millones. Hay que tener en cuenta que el período investigado por la jueza Alaya abarca bastante más allá de 2007 y, por lo tanto, las adjudicaciones otorgadas por los gobiernos presididos por Montesirín se verían incrementadas de forma notoria.
Además, lo que ha puesto de manifiesto la transformación de la Madeja en Enredadera es que ni mucho menos se trata de una trama de corrupción de ámbito local. Ayuntamientos, Diputaciones provinciales, Gobiernos autonómicos, Ministerios y empresas públicas estatales se han visto involucrados en el escándalo y algunos de sus funcionarios detenidos en la primera macro redada de esta segunda parte de la investigación. En todos los casos hay un denominador común que se repite como una regla sagrada: la escasa o nula transparencia de dichas instituciones a la hora de ofrecer información a la ciudadanía en general sobre sus actividades.
Durante un ligero periplo por las diferentes plataformas de contratación de dichos organismos —los que cuentan con ellas y ponen no demasiados obstáculos para poder acceder a los datos— es fácil detectar adjudicaciones por un importe de más de 52 millones de euros, lo que, sumadas a las anteriores, superaría los cien millones.
A la cabeza de dichas adjudicaciones, por su importe, se situaría la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que en 2011 adjudicó por más de 17 millones la adecuación del Parque Guadaíra a una UTE de cuatro empresas entre las que se encontraba Fitonovo, y ADIF, que en 2012 que le otorgó, en otra UTE con FEVI Soluciones, el lote 3 del acuerdo marco para los trabajaos en materia de prevención de incendios en la Red Convencional por 10,4 millones de euros.
La ausencia de transparencia sobre esta empresa estatal, tanto en la plataforma de contratación del Estado como en la de la propia web de la compañía, impide precisar con más detalle el total de contrataciones. Sin embargo, se da por hecho que son bastantes más, porque sólo en la delegación de Córdoba del administrador de infraestructuras ferroviarias la red ‘pescó’ un total de 85 obras, como publicó ABC de Sevilla en su día.
A continuación se sitúa el Cabildo Insular de Gran Canaria, que en 2012 adjudicó a Fitonovo el servicio de mantenimiento, mejora y conservación de carreteras de Gran Canaria en las zonas Norte y Centro de la isla por 5,9 millones de euros. No es el único, también el de Lanzarote pagó más de 670.000 por tres contratos de diferentes carreteras durante el período 2004-2005.
La Junta de Andalucía se sitúa a muy corta distancia. La administración andaluza adjudicó 4,3 millones en diferentes proyectos durante el período de tiempo que va desde finales de 2009 a mediados de 2011.
Tras ellos aparece en el ranking de los grandes adjudicatarios el propio Estado, a través de las direcciones generales de Ferrocarriles y de Desarrollo rural y Política Forestal, con la adjudicación de dos proyectos por importe de 3,4 millones por las actuaciones de emergencia para reparar los daños de los incendios forestales de 2012 en Gerona y por el tramo Utrera-Aeropuerto, subtramo Lebrija-El Cuervo, de Jerez de la línea de alta velocidad Sevilla-Cádiz en 2004, conseguido mediante UTE con Modecar y Fonsan Gestión.
Especialmente llamativo resulta el caso de la Fundación CEEI Bahía de Cádiz, que otorga a Fitonovo —en UTE con Urvama— la construcción del vivero de empresas en el polígono Las Salinas de San José en el Puerto de Santa María y encarga el mobiliario para la ampliación de dicho polígono un año después a Baal Decora, otra de las empresas de la red societaria, todo ello por 2,8 millones.
El círculo de adjudicaciones millonarias lo cierra la Diputación de Sevilla, con tres funcionarios detenidos por el caso hasta ahora, y con un montante en contratos de 1,13 millones de euros por encargos efectuados entre 2005 y 2013. A la que habría que añadirle la de Córdoba, con más de 580.000 adjudicados en 2009 en una UTE con Movimientos y Nivelaciones, la de Málaga, con 324.000 euros por trabajos efectuados entre 2005 y 2009, la de Jaén, con más de 400.000 euros entre 2010 y 2011, la de Valencia, con 105.00 en 2012 por la minimización del riesgo de desprendimientos en el municipio de Chinchilla y la de Badajoz con más de 73.000.
En lo relativo a gobiernos autonómicos la Junta de Andalucía no camina sola. El Gobierno de Aragón le encargó la aplicación de herbicidas a las carretas de Zaragoza y Teruel para los años 2012 y 2013 por más de 215.000 euros. Y el de Extremadura el lote 1 (Plasencia-Coria) del contrato de conservación de márgenes de carreteras de la Junta extremeña por 234.000 euros en 2010.
Para concluir la lista, habría que añadir los más de tres millones de euros otorgados a través de diferentes proyectos por los Ayuntamientos de Benaocarra, Chiclana, Espartinas, Humilladero, Jerez de la Frontera, La Carolina y La Palma del Condado.
En definitiva, una extensa zonza de la geografía nacional y que abarca a instituciones de todo tipo y condición con las que la empresa que es el epicentro de la investigación del Madeja ha mantenido relaciones comerciales. Ahora será Alaya a través de sus autos la que delimite si se amplía o no dicha zona de actuación.
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