En el bullicio de la mañana de un lunes en la Avenida de la Constitución de Sevilla apenas se les ve. Despliegan su pancarta delante del escaparate del Horno de San Buenaventura, en el angosto espacio que hay entre la fachada y los veladores, y se dedican hacer acto de presencia y contar su historia a todo el que se detiene y pregunta. Nada de eslóganes coreados ni cosas por el estilo. Son sólo cinco de los nueve camareros despedidos que reclaman el pago de sus indemnizaciones y atrasos, paralizadas por el concurso de acreedores.
Paco,
uno de los afectados, fue despedido tras 22 años de servicio en la empresa. “De
los bares somos nueve de momento, todos del Horno de San Buenaventura, lo que
no sé si alguno es de Hostelería San Buenaventura, porque los pasaron allí”. Cuenta que la causa esgrimida en todos los
casos es similar, “que la economía de la empresa no iba bien” y añade que en
las cartas de despido les decían “que no iban a cubrir nuestro puesto de
trabajo, cosa que es incierta, porque aquí ha habido gente trabajando, de hecho
todavía creo que hay”. Ahora tiene claro
que “si nos echa a nosotros para contratar gente nueva es para pagarles menos
dinero, porque nosotros ya teníamos una antigüedad”.
“Yo
tengo el juicio ganado con sentencia firme —explica—. El juez declaró despido
improcedente y condenó a la empresa a readmitirme o indemnizarme con una
cantidad de 45 días por año trabajado hasta febrero de 2012 y a partir de ahí
33 días por año”. La empresa se decantó por la indemnización, pero “a fecha de
hoy ni me la han pagado, ni siquiera me han dado el papel para poder solicitar
al FOGASA, que me lo tienen que dar ellos y que lo estoy tratando con mi
abogado para tomar otras medidas”. Aclara que “la sentencia es firme desde
noviembre pasado y llevo ya siete meses esperando”.
Otro caso es el de María José Cano Espejo, despedida tras 39 años en la empresa. “Entré el 1 de mayo del 74, con 16 año, hasta el 7 de junio del año pasado, cuenta, era la primera vez que trabajaba en mi vida y el sábado pasado hizo un año que me echaron”. María José tampoco cobró nada, “ni despido ni nada de nada”.
Relata
que, según le ha dicho su abogada “el juez ha reconocido que me deben esa deuda
y que me han dejado a deber festivos, horas, yo qué sé, una barbaridad.”
Lamenta que “la dos pagas las hemos perdido, porque según la ley las que no
están dentro de la denuncia las pierdes, o sea que hartas de trabajar, que a mí
nadie me ha regalado nada, yo siempre he venido a trabajar, jamás le he
discutido un turno ni nada, jamás he robado”.
Dice
que, según su abogada, “me pertenecen once millones (de las antiguas pesetas) y
dice él que no tiene dinero”. Ahora está en el paro, y se queja de que no cobra
mucho dinero, porque “ellos nunca jamás me han puesto en las nóminas ni las
horas ni los festivos que he trabajado”.
Rafael
González también ha sido despedido tras diez años de servicio en la empresa. Su
despido también ha sido declarado improcedente y no le han pagado la
indemnización estipulada. Cuenta que “tampoco nos han pagado una serie de
atrasos que nos deben anteriores de un montón de horas extras, lógicamente nos
las pagaban en negro cuando nos la pagaban, porque luego dejaron de pagarlas,
pero echarlas sí, y de atrasos de reclamaciones de cantidad por las pagas extra”.
Y afirma que además de a ellos, “también han echado a confiteros, panaderos y
transportistas. De los camareros han sido nueve y aquí estamos cinco”.
Su
representante sindical, de la central UGT, se encontraba trabajando en ese
momento en la misma cafetería donde ellos realizaban la protesta. Dicen que hoy
su delegado va a mantener una reunión en el sindicato con gente del sector de
cara a llevar a cabo un calendario de movilizaciones “que arrastre más gente a
las protestas”. Mientras tanto, sólo les queda desplegar su modesta pancarta entre
una hilera de veladores donde la gente toma café indiferente y la puerta del
lugar que ha sido la causa de su situación actual.
Artículo
publicado en sevilla
report.
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