Lo que ya se conoce como “la era Monteseirín” dejará para la posteridad una impronta difícil de olvidar. La forma tan peculiar de gestionar lo público que ha exhibido el alcalde y su equipo en cuanto ha pasado por sus manos será inolvidable para las mentes de los sevillanos probablemente en unos cuantos lustros. Hay que reconocerle que aquello que dijo de que quería permanecer en la mente de sus conciudadanos se va a cumplir a rajatabla, por desgracia. Es imposible para quien haya vivido en esta ciudad en los últimos 12 años condenarlo al olvido.
Proyectos que eternizan en su finalización y que multiplican por infinito sus presupuestos iniciales, decisiones rocambolescas, cuando no suicidas, que cuestionan el más elemental conocimiento del equilibrio financiero de las entidades y actuaciones cuanto menos sospechosas de sortear la legalidad con arriesgadas maniobras de esgrima, bastantes de las cuales suelen finalizar con un desagradable periplo en los juzgados. Son algunas de las cualidades de esa manera tan singular que Monteseirín y los suyos tienen de administrar los bienes de todos los habitantes de la ciudad.
El resultado final de esa letal combinación de factores adversos, como era de esperar, es el de un Ayuntamiento al borde de la quiebra y arrinconado por los escándalos de corrupción. Por eso ahora, dadas las fechas en las que nos encontramos y lo que le queda al alcalde en el convento, no se repara en alimentar a paladas de dinero público el gasto con tal de que el proyecto en cuestión llegue a tiempo para la foto.
Una extraña manera de confundir el interés general con el personal y el del partido que te facilita la poltrona. Porque si algo ha quedado claro durante su larga estancia en la Plaza Nueva es que la terna de prioridades por la que se rige el Alcalde, en cuanto a intereses se refiere, está conformada por el suyo particular, el del partido al que sirve y el de la ciudad. Por ese riguroso orden.
Sólo es necesario darse un paseo por la lamentable situación de las empresas municipales para percatarse de ello. Desde Tussam, lastrada por la losa de una gestión desastrosa y por la imputación en sus cuentas del coste íntegro de ese capricho de última generación del Alcalde llamado Metrocentro, pasando por el estado crítico de Lipasam o Aussa, con sólo 7 grúas y con un ERE inminente, y terminando por la televisión municipal, Giralda TV, que en tan sólo dos años de funcionamiento ha acumulado ya 10 millones de euros en pérdidas y a la que van a tener que aportar el edificio de la Gavidia como patrimonio para evitar el concurso de acreedores.
Todas ellas con cientos de trabajadores en sus plantillas que se ganan el jornal honradamente, ajenos a las decisiones más que cuestionables de quienes las dirigen, pero que a la larga son los inmediatos sufridores de sus consecuencias. Ha de ser de difícil digestión la impotencia que produce contemplar cómo se endosan facturas de 139.000 euros en taxis, catering y maquillaje o que se donen 30 autobuses útiles para el servicio a países latinoamericanos, por poner sólo dos ejemplos, mientras tienes que sobrevivir con un sueldo que apenas te da para alcanzar a duras penas el final de mes. Con tales mimbres está urdida la injusticia de esta sociedad en las que vivimos y que consentimos.
Pero si una estrella destaca por su refulgir en ese “marvelous team” encabezado por Monteseirín, ésa es el delegado de Movilidad, Fran Fernández. Su currículum va camino de batir récords sin precedentes. Este paladín del desastre, que calificó como “acontecimiento mundial” la puesta en funcionamiento de las nuevas unidades del Metrocentro, es el máximo responsable de una cantidad tal de atrocidades que es como para tirarse de los pelos hasta quedarse calvo.
Entre ellas el hundimiento en la miseria de Tussam, una empresa que recibieron con deuda cero en 1999 y que, tras doce años de manoseos políticos, acumula una deuda de 126 millones de euros. Hasta tal punto es su grado de cinismo que ayer anunciaba a los medios que la empresa había concluido por primera vez el ejercicio de 2010 con beneficios, cuando lo que se ha llevado a cabo no ha sido sino un ejercicio de ingeniería genética financiera que tiene la misma credibilidad que una moneda de cartón piedra. Basta con mencionar la patética paradoja de que, mientras se producía el anuncio, los trabajadores de tan solvente compañía todavía no habían cobrado los salarios correspondientes al 22 de cada mes. Y eso que desde 2009 hasta hoy llevan perdido alredor de un 7% de poder adquisitivo.
Hoy se ha conocido por El Mundo Andalucía que la juez que investiga los contratos de Bomberos con el grupo Iturri S.A. lo ha imputado por adjudicaciones a dedo en favor del grupo que es propiedad de la familia de un ex colaborador del edil. Fernández era entonces el concejal delegado de Seguridad Ciudadana y ha sido señalado en su declaración por el Jefe del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento, José María Casar, como último responsable de la decisión sobre adquisiciones de suministros.
Además, todavía está por dilucidarse el caso de las facturas falsas por obras que no se ejecutaron en el Distrito Este, del que Fernández era entonces responsable, denunciado por el Partido Andalucista y que lleva cuatro años paralizado en un juzgado. El estilo, como los conflictos, por lo que se ve no le sobra.
Nadie en sus cabales puede poner en duda que dicha forma de proceder dejará una honda huella en la ciudad y en quienes la viven por un tiempo indefinido. Es de esperar que la memoria de quienes lo han padecido en sus propias carnes no sea tan frágil como la de los políticos que lo provocaron.
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