Cosas que no entiendo de la Justicia española

Escuchas ilegales

Puede que la sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado a 11 años de inhabilitación al juez Baltasar Garzón por el caso de las escuchas ilegales durante la investigación de la trama de corrupción Gürtel sea demoledora. Al no ser experto, no tengo elemento de juicios suficientes para cuestionar la solidez del fallo. Aunque en este caso ni los propios expertos logran ponerse de acuerdo.

Pero el sentido común me dice que algo no cuadra, que se ha obviado algo que debe ser fundamental a la hora de impartir justicia: la coherencia. No acabo de entender la razón por la que el mismo hecho sí es valido en un procedimiento similar de jueces como Pedreira o el magistrado que llevó el caso Marta del Castillo, argumento éste esgrimido por la fiscalía en el juicio contra Garzón y que no se ha tenido en cuenta.

Y no me vale la justificación de que en dichos casos nadie denunció al juez que ordenó las escuchas, porque al tratarse de derechos amparados por la Constitución Española la Fiscalía puede y debe actuar de oficio.

Además, en el caso de Garzón, el contenido de las escuchas no ha sido revelado. Nadie sabe, excepto los intervinientes en las investigaciones, el contenido de dichas grabaciones. No se puede decir lo mismo de los otros casos, donde su contenido obtuvo una amplia difusión a través de los medios de comunicación.

Tampoco me vale la excusa, a toro pasado, de que le apliquen el mismo tratamiento a dichos jueces, cuando en su día sus decisiones fueron públicas y de notorio conocimiento general y nadie del ámbito judicial actuó en consecuencia.

Filtraciones de sumarios

A estas alturas de democracia, se cuentan por miles las filtraciones de las instrucciones judiciales que se han producido. Son los denominados "kuicios mediáticos". El caso de los ERE fraudulentos instruido por la jueza Mercedes Alaya podría ser un excelente ejemplo.

O el propio caso Marta del Castillo, del que conservo una curiosa anécdota: un profesor de la Facultad de Comunicación de Sevilla, experto en periodismo de sucesos y colaborador de varios medios de comunicación de la ciudad, nos dejaba abandonados a media clase cuando recibía en su móvil un SMS advirtiéndole que en esos momentos “el Cuco” se dirigía al juzgado a prestar declaración.

En ninguno de esos casos tengo noticias que se abrieran ningún tipo de diligencias contra el juez encargado de llevar la investigación. Y menos a sabiendas de que a las referidas actuaciones suele tener acceso más de un centenar de personas.

Ese honor le ha correspondido por obra de no se sabe qué sorteo a José Castro, el juez que instruye las actuaciones del caso Nóos, en el que está imputado el yerno del rey, Iñaki Urdangarín. Y además en contra del criterio de sus propios investigadores, que recomendaron al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el archivo de las actuaciones.

Las razones de este comportamiento tan extraño, como tantos otros, las ha dejado entrever esta mañana Gabriela Bravo, portavoz del CGPJ, en el programa Los desayunos de TVE. “No todos los imputados son iguales”, ha dicho.

Y no le falta razón. Como tampoco les falta también a quienes sostienen que no todos los españoles son iguales ante la ley. Hay uno que está por encima de ella: se llama Juan Carlos de Borbón, es suegro de Urdangarín y rey de este reino de locos llamado España.