Un tribunal de militar va a juzgar a 23 miembros del ejército de Lesoto acusados de amotinamiento. De ellos, 21 se encuentran bajo custodia desde mayo, y llevan más de un mes en régimen de aislamiento. Las pruebas en su contra se han obtenido mediante tortura, se teme que no sean sometidos a un juicio justo y si son declarados culpables, podrían ser condenados a muerte.
El teniente general Maaparankoe Mahao, ex jefe de las Fuerzas de Defensa de Lesoto, fue expulsado del ejército en mayo, tras meses de inestabilidad política. El 25 de junio murió en Maseru a consecuencia de los disparos de unos soldados que habían acudido a detenerlo por encabezar (presuntamente) un complot para provocar una rebelión en el ejército. Poco antes de su homicidio, Mahao había impugnado su expulsión ante un tribunal, alegando que era ilegal. El gobierno aseguró que se había resistido a ser detenido, pero su familia rebatió esta afirmación, e insistió en que su muerte había sido producto de un asesinato cuidadosamente planificado por sus ex compañeros del ejército.
Poco tiempo después, unos 50 soldados considerados leales a él fueron detenidos. Los abogados contratados por sus familias interpusieron recursos legales para solicitar su comparecencia ante un tribunal y muchos de ellos afirmaron durante las actuaciones judiciales haber sido torturados y sometidos a malos tratos. Algo más de la mitad quedaron en libertad, pero 23 de ellos permanecieron bajo custodia acusados de amotinamiento. Algunos de los soldados liberados han pasado a actuar como "testigos cómplices", aportando pruebas contra los 23 acusados. Se cree que sus testimonios fueron extraídos mediante tortura cuando se encontraban recluidos.
Los 23 soldados acusados llevan desde mayo recluidos en la Prisión de Máxima Seguridad de Maseru, aunque dos de ellos han quedado en libertad bajo fianza durante los últimos tres meses. Todos ellos han sido acusados de amotinamiento, y se enfrentan a un tribunal militar. De ser declarados culpables, podrían ser condenados a muerte.
El 5 de octubre comparecieron ante un tribunal militar, pero el juicio quedó aplazado. Los 21 soldados que permanecen recluidos llevan en régimen de aislamiento desde mediados de octubre. El régimen de aislamiento prolongado (superior a 15 días consecutivos) es constitutivo de tortura y otros tratos o pena crueles, inhumanos o degradantes. Cuando les permiten consultar a sus abogados, sólo pueden celebrar encuentros de 20 minutos, y no en privado.
Los soldados han impugnado su detención y la composición de la sala militar del Tribunal Superior de Maseru. El 5 de octubre, el Tribunal Superior declaró ilegal su reclusión continuada, y ordenó dejarlos en "detención abierta" (una forma de detención bajo fianza). Sin embargo, las Fuerzas de Defensa de Lesoto no cumplieron la orden del tribunal. Los abogados que representan a los detenidos han sido también víctimas de reiterados actos de intimidación y hostigamiento, incluidas amenazas. Se espera que el tribunal militar se pronuncie el 1 de diciembre.
El 3 de julio, la Comunidad para el Desarrollo del África Austral (SADC) constituyó una comisión de investigación formada por 10 personas, y dirigida por el juez Mpaphi Phumaphi, de Botsuana, para investigar cuestiones de seguridad de Lesoto, entre ellas el homicidio de Mahao. La comisión, que se vio obligada a concluir su trabajo antes de lo previsto al negarse a cooperar las Fuerzas de Defensa de Lesoto, ha presentado ya su informe, que la SADC someterá a debate a finales de noviembre.
El 28 de febrero, se celebraron en Lesoto unas elecciones generales, en las que no hubo ningún claro ganador. En consecuencia, se formó un gobierno de coalición constituido por el Congreso por la Democracia, del primer ministro, Pakalitha Mosisili, y otros seis partidos políticos. La SADC siguió mediando entre los adversarios políticos del país para rebajar la tensión entre el ejército y la policía, debida a la politización del sector de la seguridad.
1 comentario:
Es terrible...
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