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21 octubre 2015

La protesta se paga con la vida en Arabia Saudí

El 27 de mayo de 2014, el Tribunal Penal Especial de Yidda, en Arabia Saudí, condenó a muerte a Ali al-Nimr por delitos como participar en manifestaciones contra el gobierno, atacar a las fuerzas de seguridad, estar en posesión de una ametralladora y cometer un robo a mano armada. Él afirma haber hecho bajo tortura y malos tratos las "confesiones" en las que se basó la condena y el tribunal se ha negado a investigar dicha acusación.

El condenado, de 20 años de edad, fue recluido el 5 de octubre pasado en régimen de aislamiento en la prisión de Al Hair y en la actualidad se encuentra incomunicado. Ya ha agotado todas las vías de apelación, por lo que se teme su pronta ejecución.

Su traslado a la prisión en la que se encuentra se llevó a cabo junto con Dawood al-Marhoon y Abdullah al-Zaher, otras dos personas condenadas por delitos presuntamente cometidos cuando eran menores de edad. Desde entonces, han permanecido recluidos en régimen de aislamiento e incomunicados. Los tres fueron condenados a muerte por el Tribunal Penal Especial en 2014. Este año, sin que lo supieran, el tribunal de apelación y el Tribunal Supremo confirmaron las condenas.

Ali al-Nimr fue detenido el 14 de febrero de 2012, cuando tenía 17 años, y llevado a la prisión de la Dirección General de Investigaciones en Damman, localidad de la Provincia Oriental de Arabia Saudí. Después fue trasladado al centro de rehabilitación de menores de Dar al Mulahaza, donde permaneció recluido hasta que cumplió 18 años, tras lo cual lo llevaron de nuevo a la Prisión de la Dirección General de Investigaciones en Dammam. No se le permitió ponerse en contacto con su abogado durante su detención, por lo que no pudo presentar recurso contra su declaración de culpabilidad.

Al-Nimr es sobrino de Sheij Nimr Baqir al-Nimr, destacado clérigo chií de Al Awamiyya (localidad de la gobernación de Qatif, en el este de Arabia Saudí), a quien el Tribunal Penal Especial condenó a muerte el 15 de octubre de 2014.

Arabia Saudí es uno de los verdugos más activos del mundo, pues ha ejecutado a más de 2.200 personas entre 1985 y 2015. En lo que va de año ha ejecutado al menos a 136 personas, de las cuales casi la mitad habían sido condenadas por cargos que no entraban en la categoría de "los más graves delitos" por los que el derecho internacional permite imponer la pena de muerte.

Dicho país condena a muerte y ejecuta a personas por delitos cometidos cuando tenían menos de 18 años y las autoridades incumplen reiteradamente las normas internacionales sobre juicios justos. Las vistas por delitos punibles con la muerte se celebran con frecuencia en secreto y los procedimientos son injustos y, a menudo, sumarios, sin asistencia ni representación letrada en las diversas etapas de la detención y el enjuiciamiento. Los acusados pueden ser declarados culpables sin más pruebas que "confesiones" obtenidas bajo tortura u otros malos tratos, coacción o engaño.

La tensión entre la comunidad musulmana chií y las autoridades saudíes ha ido en aumento desde 2011, cuando, animada en parte la llamada Primavera Árabe, la población de la Provincia Oriental saudí, que es predominantemente chií, intensificó las peticiones públicas de reforma. Desde 2011 se vienen organizando también manifestaciones para protestar contra la detención, encarcelamiento y hostigamiento a que se ha sometido a personas de la comunidad chií por celebrar actos de oración colectiva y festividades chiíes, y por no respetar las restricciones impuestas a la construcción de mezquitas chiíes.

Las autoridades saudíes han respondido con medidas de represión contra personas sospechosas de participar en las protestas o de apoyarlas y contra quienes expresan opiniones críticas con el Estado. Se ha recluido a manifestantes sin cargos y en régimen de incomunicación durante días o semanas, y se tiene noticia de que algunos han sido torturados o sometidos a otros malos tratos. Casi 20 personas relacionadas con las protestas de la Provincia Oriental han resultado muertas a manos de las fuerzas de seguridad desde 2011, y centenares han sido encarceladas. Muchas de las personas cuyos casos se han llevado a los tribunales han sido imputadas únicamente por participar en manifestaciones.

Además de Ali al-Nimr, entre los condenados a muerte en relación con las protestas figuran otras dos personas que eran menores de edad cuando presuntamente cometieron los delitos que se les imputan, Dawood al-Marhoon y Abdullah al-Zaher, así como el destacado clérigo chií Sheij Nimr Baqir al-Nimr, tío de Ali al-Nimr.

Con respecto a Sheij Nimr Baqir al-Nimr, el 15 de octubre de 2014 el Tribunal Penal Especial lo condenó a muerte tras declararlo culpable de una serie de delitos, entre ellos "desobedecer y quebrantar la lealtad al gobernante", "pedir el derrocamiento del régimen", "convocar manifestaciones", "provocar conflictos sectarios", "cuestionar la integridad de la judicatura" e "interferir en los asuntos de un Estado vecino [Bahréin]". 

Su juicio, que comenzó ante el Tribunal Penal Especial el 25 de marzo de 2013, estuvo plagado de irregularidades. El tribunal permitió que varios testigos presenciales clave no declararan ni fueran interrogados por la defensa, y tampoco se informó a su abogado de la fecha de algunas de las vistas judiciales.

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