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13 octubre 2015

Activistas condenados a prisión en Irán por protestar

En Irán, ser activista de la sociedad civil se paga muy caro. El culto a dios exige maniatar las bocas ante las atrocidades y atropellos del poder establecido. Y la venganza posterior de la deidad suele ser implacable. Es lo que les ha ocurrido a dos de ellos, Omid Alishenas y Asou Rostami, condenados a largas penas de prisión en juicios manifiestamente injustos tras ser acusados de delitos contra la seguridad nacional por su activismo pacífico. Ahora están recluidos en la prisión de Evin de Teherán, que a este paso van a tener que ampliar por overbooking. 

Pesan sobre ellos condenas a 10 y 7 años respectivamente, que les fueron impuestas en mayo pasado por el Tribunal Revolucionario de Teherán, que los declaró culpables de “reunión y colusión para cometer delitos contra la seguridad nacional” e “insultos al líder supremo”, entre otros cargos.

El tribunal admitió en la sentencia como pruebas en su contra su participación en una concentración se solidaridad con la población siria de Kobani ante las Naciones Unidas en Teherán. También su participación en otras protestas similares con familias de condenados a muerte, su relación con defensores de derechos humanos y sus comentarios en las redes sociales. Toda una retahíla de graves delitos, como se puede apreciar.

Ambos habían sido detenidos en septiembre y octubre de 2014 y estuvieron varios meses recluidos en la ya famosa Sección 2ª de la prisión de Evin, por supuesto, sin acceso a abogados. Su comparecencia ante el tribunal no duró más de media hora y, desde entonces, están confinados en la Sección 8, con la grata compañía de los escarabajos y otros insectos que infestan las celdas. Además, esta sección carece de camas e instalaciones sanitarias suficientes para el número de reclusos que aloja

Asou Rostami sufrió un derrame cerebral en agosto pasado, pero las autoridades de la prisión se negaron a llevarlo a un hospital, por lo que fue atendido únicamente en el centro médico de la cárcel. Ya había sido trasladado a un hospital en julio por una infección pulmonar.

Omid Alishenas fue detenido en su casa, en Teherán, el 4 de septiembre de 2014, por unos hombres de la Guardia Revolucionaria, que registraron la casa y le confiscaron objetos personales, como el ordenador, el teléfono móvil y algunos CD. No proporcionaron a su familia ninguna información sobre su paradero durante diez días.

Su madre manifestó entonces que las autoridades aprobaron que fuera puesto en libertad con fianza unas dos semanas después de su detención, pero que luego se negaron a dejarlo libre. Sólo se le permitió reunirse con su abogado durante media hora antes del juicio y ahora no se le permite ver a su abogado en prisión, por lo que sólo puede comunicarse con él por teléfono.

El tribunal condenó también lo condenó al pago de una multa por "posesión de una antena parabólica" y de CD considerados inapropiados (Mobtazal) por la autoridades. En la sentencia se mencionan también como pruebas contra él la "distribución de una película titulada Encender una vela en apoyo de la secta desviada del bahaísmo y en relación con la exclusión de esta secta de la educación superior" y la "distribución de información falsa sobre los ejecutados en la década de 1980".

Por su parte, Asou Rostami fue detenido el 8 de octubre de 2014 en Teherán, tras la concentración de solidaridad con la población siria de Kobani celebrada ese día ante la oficina de las Naciones Unidas en Teherán. En mayo, el tribunal lo declaró culpable de "reunión y colusión para cometer delitos contra la seguridad nacional" e "insultos al líder supremo" y lo condenó a siete años de prisión. 

Entre las pruebas esgrimidas contra él figuraban su "participación en una concentración ante la prisión de Raja’s Shahr como protesta por la ejecución de Reyhaneh Jabbari" y la "distribución de folletos de apoyo al nefagh (convicto por tener relaciones con la Organización Muyahidín del Pueblo de Irán) Arzhang Davoudi".

Junto con ellos dos fue juzgado otro joven activista, Ali Nouri, detenido también tras la concentración de solidaridad con Kobani. Le impusieron también una pena de siete años de prisión por "reunión y colusión para cometer delitos contra la seguridad nacional" e "insultos al líder supremo". Quedó en libertad con fianza en febrero, y continúa libre. 

Los juicios ante el Tribunal Revolucionario son por lo general una farsa. Es habitual que estén basados en "confesiones" forzadas, obtenidas por medio de tortura, sin que se haya permitido a los acusados el acceso a un abogado y con la injerencia permanente de organismos no judiciales, como la Guardia Revolucionaria y el Ministerio de Información.

1 comentario:

Mark de Zabaleta dijo...

Es alarmante...