- Se espera que en septiembre el Supremo se pronuncie sobre si los terrenos son urbanizables o no y si son propiedad de la Junta de Andalucía
- Greenpeace subraya que el hotel ya es ilegal con 24 pronunciamientos judiciales a favor de su demolición
- La promotora reclama una indemnización de hasta 70 millones, a pesar de que sabía desde el principio que el hotel incumplía la Ley de Costas
- La demolición del hotel podría generar cerca de 400 puestos de trabajo y aseguraría el reciclado del 98% del edificio
La organización ecologista Greenpeace ha difundido un comunicado en el que afirma haber presentado hoy un informe en que analiza en profundidad “las ilegalidades y mentiras” en torno al hotel de El Algarrobico y desvela “el turbio historial de la promotora Azata del Sol”.
En su estudio, la organización ha identificado “hasta ocho casos” en los que el conglomerado empresarial de Azata, propiedad de José Domingo Rodríguez Losada que incluye hasta 20 empresas, ha realizado “operaciones similares” a la de El Algarrobico que “vulneran la normativa ambiental y urbanística”.
Entre ellos, según detalla Greenpeace, destacarían entre otros el proyecto para construir el mayor centro comercial de España en La Lobilla (Estepona), que se modificó para evitar que afectara a una zona protegida y fue firmado por un alcalde encarcelado por el Caso Astapa. También el plan para construir más de 200 chalets que incluía talar un bosque de 1.500 encina centenarias en Boadilla del Monte (Madrid), en el que estaría implicado un alcalde imputado por la Gürtel y un arquitecto imputado pro fraude fiscal, blanqueo y estafa.
Además, la construcción de un hotel en un Bien Conjunto de arroyos y humedales en Costa Ballena (Cádiz) modificando para ello el PGOU de Rota. También en Cádiz, en la localidad de Tarifa en este caso, la construcción de un complejo residencial de lujo frente a la playa de Zahara de los Atunes de gran impacto social y ambiental, dentro del Plan de Cortijo.
Por último señalan los ecologistas que el nombre de Azata “aparece vinculado a operaciones de cambio de suelo de la trama Gürtel en Majadahonda (Madrid), en el alquiler del unas naves para Mercamadrid por parte del Ayuntamiento de Madrid por 50.000 euros al mes, a pesar de que no se usan. Igualmente en el Caso Las Malotas, en Salamanca, en el cambio de un suelo de VPO para los planes de un polígono industrial y en Marbella, Málaga, donde aparece un “socio señalado en el caso Malaya”.
Durante el mes de septiembre se espera que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la legalidad del hotel, si los terrenos son urbanizables o no y si son propiedad de la Junta de Andalucía, ante lo que Greenpeace recuerda que “el hotel ya es ilegal con 24 pronunciamientos judiciales en su contra y pide su demolición inmediata”.
La organización denuncia en su informe que desde 1998, cinco años antes de que comenzaran las obras, “Azata ya sabía por notificación del Ministerio de Medio Ambiente que estaba vulnerando la Ley de Costas”. A pesar de esto, añade, “la promotora pide hasta 70 millones de euros de indemnización” y está siendo defendida por el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) como “víctima de la irracionalidad de la administración”.
Aunque el hotel ya puede ser considerado ilegal, pues existen cuatro sentencias del Tribunal Supremo que confirman que incumple la Ley de Costas y que en 2012 niega a Azata a ser indemnizada, el pasado año, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) daba un giro al proceso y “legalizaba la licencia de obras tras justificar que el suelo era urbanizable”.
José Ignacio Domínguez, abogado de varias organizaciones ecologistas, afirma que la “contradictoria sentencia” del TSJA del 2014 ha creado “una inseguridad jurídica sin precedentes”, que a su juicio es contraria al derecho comunitario, pues los terrenos están protegidos en el marco de la red Natura 2000 europea, y a leyes nacionales como la Ley del Suelo o la de Biodiversidad. “Somos optimistas ante el próximo fallo pues el Supremo acordaba en 2011 proteger el Algarrobico como área natural, por tanto y con reiterada jurisprudencia el Alto Tribunal no debería dictar una sentencia contradictoria con otra de carácter firme porque afecta a la seguridad jurídica”, añade.
Según Greenpeace, desde el inicio de las obras del hotel hace 12 años, “24 pronunciamientos judiciales avalan la ilegalidad del hotel” frente a dos que han creado “una inseguridad jurídica” al contradecir una sentencia del 2013, del mismo TSJA, que permite inscribir los terrenos de El Algarrobico en el Registro de la Propiedad a nombre de la Junta de Andalucía.
Tras esta sentencia Greenpeace recurrió al Tribunal Supremo y este ha anunciado que durante el mes de septiembre pretende resolver el galimatías jurídico, unificando criterios sobre si el suelo es urbano o no.
Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, afirma que Independientemente de lo que resuelva el Tribunal Supremo “el hotel ya es ilegal porque vulnera la Ley de Costas” y al igual que ha ocurrido en otras partes del país, “es deber de la administración demoler inmediatamente el hotel”. “Una vez más podríamos ver cómo en nuestro país se protege a constructoras que desprecian las leyes ambientales y urbanísticas, si gracias a los vaivenes judiciales de la Junta de Andalucía y del Estado se permite abrir el hotel o indemnizar a Azata”, concluye.
Una apuesta por el turismo sostenible
El informe de Greenpeace destaca las cifras de crecimiento de la afluencia turística a los espacios naturales de Andalucía que se han multiplicado por 10 desde el año 2004 en contraposición al precio medio de hoteles de 4 y 5 estrellas que acumula años de caída. Además, la organización ecologista recuerda que el entorno dañado por la construcción del hotel puede ser restaurado.
Según un estudio realizado por la asociación de arquitectos n’Undo junto con la organización ecologista con el desmantelamiento por fases del edificio se podrían reciclar los materiales del hotel al 98% y generar hasta 400 empleos en la comarca.
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