La organización Ecologistas en Acción ha presentado esta mañana una denuncia ante el Juzgado nº3 de instrucción de Sevilla contra los responsables de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y subsidiariamente, contra la empresa concesionaria de la explotación minera Corta de los Frailes S. A., y contra todas las personas que puedan resultar responsables, por acción u omisión, de los vertidos altamente contaminantes detectados por la Policía Judicial durante su inspección ocular al río Agrio realizada el pasado 9 de julio.
Según han informado en un comunicado, Ecologistas en Acción ha decidido iniciar esta acción penal, por posibles delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, “tras analizar el contenido del informe del pasado 10 de julio”. El documento lo realizó el Grupo de Delincuencia Económica y Financiera de Sevilla, que actuó en cumplimiento del auto de 3 de julio del propio Juzgado nº3 de Sevilla, en el marco de las diligencias previas 979/15 donde se investigan la adjudicación fraudulenta del concurso minero para la explotación del complejo minero de Aznalcóllar.
Los ecologistas informan de que, según el referido informe, “se constató un vertido directo al rio Agrio de agua altamente contaminada” procedente del Aliviadero balsa de contraembalse, con un PH 3,23, lo que significa que, una vez más, “se están contaminando las aguas que llegan al Guadiamar y a Doñana”.
Además añaden que el informe señala que también se observó que la depuradora encargada de depurar el agua que viene del vertedero de los residuos de la antigua mina de Boliden así como las aguas de escorrentía y lixiviado de todo el complejo minero, “se encuentra en estado de semiabandono” y según manifestaciones de los operarios “lleva sin funcionar desde el año 2013, por lo que todas las aguas que recogen esa balsa, se bombean o recirculan a la Corta de Aznalcóllar”. El informe de los investigadores concluye que todo ello se comunica al Juzgado nº3 “por si los hechos pudieran ser constitutivos de un delito contra el medio ambiente”
La gestión de la depuradora corresponde a la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, que es una agencia pública empresarial adscrita a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, cuyo Presidente es el Consejero, José Gregorio Fiscal y cuyo Director Gerente es Juan Jesús Carandell Mifsut.
Desde Ecologistas en Acción entienden que además esto “puede estar produciendo una elevación del nivel del agua contaminada en la Corta de Aznalcóllar hasta la cota +20msnm (metros sobre el nivel mar)”. Ello implica en opinión de los ecologistas “una contaminación directa al acuífero Niebla-Posadas” considerado por el Plan Hidrológico del Guadalquivir como estratégico para el abastecimiento humano, por lo que “podría ser además constitutivo de un delito añadido contra la salud pública del artículo 365 del Código Penal”.
Además recuerdan que la Corta de Aznalcóllar “alberga desde 1998 una gran cantidad de lodos y aguas ácidas que fueron depositadas tras la catástrofe anunciada de la balsa de Boliden”, y que una de las condiciones de seguridad impuestas era “mantener un nivel que nunca supere la cota que alcanza al acuífero”.
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