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12 junio 2015

La empresa sevillana Ayesa relacionada con un escándalo de corrupción en Perú

“Hola Manuel. Acabo de hablar con el presidente Regional… me dice que el jueves los espera”. Este texto de un correo electrónico es el desencadenante de que los medios de comunicación peruanos hayan involucrado a la compañía sevillana Ayesa Advanced Thechnologies en un escándalo sin precedentes que se está investigando en el país andino.

Era noviembre de 2012. El remitente de la misiva es Martín Belaunde Lossio, un empresario local que fue asesor durante la campaña electoral que elevó a Ollanta Humala a dirigir el país y amigo personal del matrimonio presidencial. El destinatario es Manuel Castro Ruiz, ex delegado de la compañía española, y se produce, según la prensa andina, como respuesta a un mensaje previo que éste envió para exponerle el proyecto de una plataforma educativa para la Región de Junín, en la parte central sur del Perú.

Según dichas informaciones, Castro Ruiz solicitó a Martin Belaunde que pactara una reunión con el presidente regional Vladimir Cerrón a tal efecto, hecho que éste negó al afirmar que el encuentro no se produjo y que no pactó ningún negocio con Ayesa. 

Con posterioridad se ha sabido, mediante una información del programa Panorama el 11 de enero pasado, que Ayesa fue la compañía encargada de supervisar a otra empresa española también investigada, Antalsis, para “fiscalizar la construcción del estadio Elías Aguirre en Chiclayo. Una obra “con serias irregularidades y retrasos” para la que se sospecha que el propio Martín Belaunde intermedió de cara a modificar la Ley de Presupuestos y favorecer el incremento de la dotación del Instituto Peruano del Deporte para que pudiera acometerla.

La actuación formaba parte de un paquete recogido en un contrato que Ayesa firmó el 6 de junio de 2012 con el Comité Olímpico de Perú por 15,6 millones de soles y cuyo objeto era realizar los “servicios para la dirección integrada del proyecto de las actuaciones de mejoramiento de infraestructuras deportivas de los Juegos Bolivarianos de Trujillo 2013”. 

La compañía española cobró la totalidad del monto del contrato a finales de ese mismo año, cuando la forma de pago pactada estipulaba que debía hacerlo de forma progresiva hasta enero de 2014. El congresista Daniel Abugattás afirmó que “hay un listado de 15 obras que se le contrataron y de ellas no se hicieron más que tres”.



La madeja terminó de embrollarse el 30 de marzo de 2013. Ese día, según publicó el semanario Hilderbrandt en sus trece, dirigido por el periodista César Hildebrandt, una delegación de la empresa española fue recibida en el Palacio de Gobierno. La comitiva estaba compuesta por Aránzazu Manzanares Abasolo, Vicepresidenta Ejecutiva de Ayesa, Isidoro Carrillo de las Heras, director de expansión del grupo, Cristina Pardo de Vera Posada, entonces general manager de Ayesa Perú y el propio Castro Ruiz. 

Según consta en el registro de visitas de la institución, la delegación fue recibida a las 15:40 horas por María Roxana Altuna Moreno, principal asesora de prensa de la primera dama, Nadine Heredia, y ex pareja de Martín Belaunde, en la Dirección General de Bienestar Social, que “es como se conoce a la oficina de la señora Heredia”. El encuentro concluyó 44 minutos más tarde, a las 16:24 horas.

Los hechos están siendo investigados por el Fiscal Supranacional Anticorrupción, Élmer Chirre Castillo y el Congreso del Perú mantiene abierta una comisión de investigación que se celebró su primera sesión el pasado 13 de noviembre de 2014.

En ese mismo año, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lanzó una convocatoria por encargo de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria de Perú (SUNAT) para la adquisición de un Framework para Desarrollo. Según publicó el semanario Hilderbrandt en sus trece, la empresa que resultó ganadora fue Ayesa Advanced Technologies, que en esas fechas “se encontraba inhabilitada para contratar con el Estado por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)”. 

La compañía española, cuyo gabinete de comunicación ha declinado dar su versión sobre estos hechos, inició sus actividades en el país andino en 1999. Ese año la Comisión de Promoción de la Inversión Privada (COPRI) le encargó los estudios de ingeniería e impacto ambiental de las redes viales número 5 y 6 por un importe de 1,5 millones de dólares. Desde entonces hasta la actualidad, Ayesa ha ido incrementando el volumen de contratación en Perú de manera exponencial. 

Entre 2010 y 2011 recibió dos encargos de Repsol para la Refinería La Pampilla por importe de 6,3 mill. de euros. También ese último año, el Gobierno Regional de Piura le adjudicó los diseños para la construcción de la Presa Tronera Sur y el Túnel Trasandino del Alto Piura por 14,2 mill. de soles.

Al año siguiente, 2012, además del contrato de los Juegos Bolivarianos de Trujillo, realizó el proyecto de la carretera Panamericana Norte y la autopista Ramiro Fraile en Lima por 7 mill. de soles y el de la etapa II del proyecto Majes-Siguas por otros 2,1. 

En 2013, Ayesa se hizo, entre otros, con los contratos de diseño de 15 estaciones de peaje para el proyecto Nuevas Vías de Lima por 1,5 mill. de soles, el de la línea 2 del Metro de Lima por 1,8 mill. de euros, otro para el aeropuerto internacional Jorge Chávez por 2,1 mill. de dólares y el de digitalización de expedientes del Poder Judicial por 3 mill. de soles. 

Sin embargo, el mayor contrato lo consiguió el pasado año, cuando el consorcio que lidera se hizo con la supervisión de toda la ingeniería y la construcción del gaseoducto sur de Camisea, en la región del Cuzco, por 40 millones de dólares.

Ayesa Advanced Technologies SA, es una compañía del Grupo Ayesa, propiedad de José Luis Manzanares Japón y familia, que está participada por la Agencia Idea y otras sociedades vinculadas a la Junta de Andalucía. 

Manuel Castro Ruiz, Aránzazu Manzanares, Cristina Pardo de Vera Posada e Isidoro Carrillo de las Heras ante la sede del Poder Judicial en Lima en 2013.

Su delegado en Perú, Manuel Castro Ruiz, volvió a España y se encuentra en la actualidad trabajando en la delegación de Mérida. Según consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil nº 75, de fecha 22 de abril de 2015, el pasado 14 de marzo fue desposeído de los poderes de representación que ostentaba. Castro Ruiz ha manifestado a este medio que no tiene nada que decir al respecto y que no cree oportuno hacer declaraciones en estos momentos sobre este asunto.

El empresario Martín Belaunde Lossio, que ha estado prófugo de la justicia peruana hasta hace pocos días, fue capturado por la policía de Bolivia en el departamento amazónico de Beni el pasado 25 de mayo y trasladado a Lima al día siguiente. Belaunde se encontraba en Bolivia detenido y a la espera de ser extraditado y consiguió escapar. Su inconcebible fuga tuvo como consecuencia la renuncia al cargo de Hugo Moldiz, ministro de Interior de ese país.

Según las declaraciones que efectuó el contralor de la República, Fuad Khoury Zarzar, ante la comisión de investigación del congreso, ocho empresas vinculadas al exasesor de campaña de Ollanta Humala, entre ellas Antalsis y Ayesa, facturaron en los últimos diez años más de 3.000 millones de soles, de los cuales 2.174 fueron obtenidos durante la gestión nacionalista. Además, Belaunde habría aportado 75.000 dólares al Partido Nacionalista, su padre más de 50.000 y dos familiares 700.000 soles a la campaña de Ollanta Humala, según afirmó el congresista fujimorista Segundo Tapia Bernal en sede parlamentaria.

El pasado 9 de enero, ante la comisión investigadora del congreso que preside Marisol Pérez Tello, que fue a interrogarlo a la prisión de Acón en la que se haya recluido, Martín Belaunde afirmó que "conozco todo, pero hablaré cuando acabe este gobierno, porque no quiero amanecer colgado de los pies". A lo largo del día de hoy también deberá declarar ante el fiscal Elmer Chirre, que investiga el caso "La Centralita", el centro de espionaje del ex presidente de Áncash, César Álvarez.

Fotografías por cortesía del semanario Hilderbrandt en sus trece.

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