El Magistrado titular del Juzgado de Instrucción nº 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, ha determinado el archivo de las actuaciones relacionadas con la querella presentada por la empresa Andaluza de Ambulancias SL contra 16 personas, entre ellas altos cargos y medios del Servicio Andaluz de Salud (SAS), por la adjudicación del concurso del servicio de ambulancias de las provincias de Sevilla y Málaga por un montante superior a los 245 millones de euros.
En un auto dictado el pasado 21 de abril, García Vélez, ordena el archivo de las diligencias previas 1824/2015 incoadas a raíz de haber sido admitida a trámite dicha querella el pasado 9 de marzo por haber apreciado en principio indicios de delito.
El Magistrado expone en el auto que en la conducta punible denunciada respecto del procedimiento administrativo de licitación para la Gestión del Servicio Público de Transporte Sanitario para los Centros vinculados a las Plataformas Sanitarias de Málaga y Sevilla (Expediente 261/2013, Cc2091/2013), “no existen indicios de delito en la actuación de los querellados conforme a la descripción de hechos y documental que se incorpora”.
Además, añade que la resolución dictada en el procedimiento de licitación “ha sido objeto de recurso administrativo, y puede ser objeto de recurso contencioso-administrativo” con la misma argumentación esgrimida en la querella, “que aparecen más propios de un escrito de alegaciones en sede administrativa, que de aquel que inicia un procedimiento penal”.
Su señoría entiende que para estos casos, nuestro sistema judicial facilita al ciudadano “la posibilidad de acudir en reclamación de que se practiquen las necesarias indagaciones e inspecciones que permitan asegurar que la actuación de la administración pública excluye la arbitrariedad, y que el dinero público es eficazmente utilizado”.
Aclara el magistrado en su argumentación que “sólo en el caso de los más graves atentados a los bienes jurídicos protegidos legalmente será pertinente acudir a la jurisdicción penal”, por lo que al no existir indicios de la comisión de un delito en ese sentido, procede al archivo de las actuaciones.
La empresa Andaluza de Ambulancias SL (ADA), que se presentó al concurso junto con la compañía Servicios Socio Sanitarios Generales de Andalucía SL (SSGA) formando la UTE Transporte Sanitario Integral de Sevilla, denunció el presunto amaño del mismo por graves irregularidades durante el procedimiento de adjudicación, que se decantó por la oferta presentada por la mercantil Ambulancias Tenorio e Hijos SL.
ADA denunció la modificación de las condiciones a mitad del proceso de licitación al exigirse documentación no prevista en los pliegos, por lo que considera que puede existir la comisión de los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, falsedad, tráfico de influencias y alteración de precios en concursos y subastas.
En concreto, se refiere a la ampliación del plazo de presentación de ofertas que se produjo sin que “conste el motivo real” de la misma y a la solicitud de la comisión técnica para pedir a los dos únicos licitadores una documentación tampoco prevista en los pliegos, petición a la que accedió la mesa de contratación. Dicho trámite no estaba contemplado.
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