La asamblea de la Federación Ecologistas en Acción-Sevilla ha celebrado su asamblea anual en Marchena centrando el énfasis en la nefasta gestión de las Vías pecuarias, las modificaciones del Plan Hidrológico y la situación de las depuradoras, los crecimientos urbanísticos desbocados, el descontrol minero y la contaminación electromagnética.
Al cónclave han asistido los grupos asociados de La Algaba, Sevilla, Morón, Arahal, El Viso del Alcor, Carmona, Mairena del Aljarafe, Sierra Norte y la Coordinación de la Federación.
Los distintos grupos de trabajo han denunciado la pésima situación sociambiental de la provincia de Sevilla, con “una administración que ha relegado los órganos de participación a meros elementos decorativos en los que sólo se tratan asuntos de trámite sin el mayor interés y que eluden los debates de los asuntos que verdaderamente afectan al medio ambiente”.
En la actualidad, los trabajos de la federación se centran en denunciar la parálisis y dejación de funciones en la recuperación de las Vías Pecuarias de la provincia. Denuncian que no se ha desarrollado ni un sólo expediente de recuperación “de los miles de km. de vías pecuarias ocupadas por propietarios colindantes y se sigue apostando por triquiñuelas en los desarrollos urbanísticos que evitan la conformación de itinerarios alternativos tal como exige la ley”.
Otra cuestión que consideran de urgencia ambiental es la que generan los planes urbanísticos expansivos que “obvian la crisis provocada por el sector inmobiliario, buscan su reactivación como si nada hubiera ocurrido, y desprotegen espacios que estaban blindados por los planeamientos vigentes”.
En lo referente al agua llama la atención que la propuesta de Plan Hidrológico aflore más de 170 Hm3 de aguas subterráneas disponibles por el mero hecho de “haber subdividido las unidades hidrológicas más conflictivas como las de Doñana y las de las minas de Las Cruces y Aznalcóllar”, en una operación que califican de “zahorí de despacho”.
Respecto a la depuración se confirma “la incapacidad de cumplir con la exigencia de la U.E. de tener las masas de agua en buen estado ecológico para final de año dado el número de localidades que vierten sin depurar o el mal funcionamiento de muchas de las depuradoras construidas”.
La cuestión minera es otra de las recurrentes en cada asamblea. Año tras año se confirma, en opinión de los ecologistas, “la nefasta gestión de las mismas que demuestra que el papel lo aguanta todo”. Según explican, los proyectos que sobre el papel tienen resuelto todos los problemas de seguridad ambiental “en la práctica son verdaderos fraudes y no son capaces de hacer ni la mitad de lo comprometido”, porque saben que no pasa nada, y porque, una vez el proyecto se pone en marcha, “pesan más los puestos de trabajo en juego que cualquier deficiencia ambiental por grave que sea”.
Por su parte, los anfitriones del Taller Verde-Ecologistas en Acción Marchena, insisten en la necesidad de aumentar los controles y mecanismos de seguridad “que nos permitan disfrutar de las ventajas de las telecomunicaciones sin tener que sufrir sus indudables efectos” y exigen a las administraciones que “se adopten los mecanismos oportunos para salvaguardar la salud de la población”.
En resumen, califican el panorama de “desolador”, lo que viene a confirmar que “tanto la Junta de Andalucía y su representación territorial como el Ministerio representado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir están al servicio de intereses que no son los de la mayoría de la población”. Según denuncian, ambas instituciones “acatan políticas que nos llevan a la ruina social” y explotan los recursos “a niveles mucho más altos que sus tasas de reposición, lo que sin duda pagarán las próximas generaciones”.
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