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29 mayo 2015

Irán juzga al productor de cine y escritor Mostafa Azizi

Mostafa Azizi, productor de cine y escritor iraní que reside de forma permanente en Canadá, será sometido a juicio ante la Sección 15 del Tribunal Revolucionario de Teherán el próximo día 1 de junio por presuntos delitos contra la seguridad nacional. Dichas imputaciones se producen por sus comentarios en las redes sociales.

Azizi, ex presidente de la sección iraní de la Asociación Internacional de Cine de Animación, se encuentra recluido en la prisión de Evin de Teherán desde el 1 de febrero de 2015, cuando fue citado allí por la fiscalía. Tiene su residencia permanente en Canadá, pero viajó a Irán en diciembre de 2014 para visitar a su padre, que estaba enfermo, y estudiar la posibilidad de mudarse de nuevo al país. 

El cineasta está acusado de "insultar al líder supremo y al fundador de la República Islámica de Irán", "difundir propaganda contra el sistema" y "reunirse y coludir contra la seguridad nacional" por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión, en especial por medio de sus comentarios en Facebook y otras redes sociales.

Pasó 33 días en la sección 2A de la prisión de Evin, que está bajo el control de la Guardia Revolucionaria. 14 de ellos fueron en régimen de aislamiento, sin acceso a su familia ni a un abogado. Lo trasladaron a la sección 8 cuando concluyeron sus interrogatorios, que se llevaron a cabo sin la presencia de un letrado. 

Dicha sección alberga a centenares de reclusos, entre ellos presos de conciencia, que soportan condiciones de hacinamiento grave, mala ventilación en las celdas, plagas de insectos y falta de saneamiento e instalaciones para dormir suficientes. 

Tales condiciones de reclusión han agravado el mal estado de salud que ya tenía Azizi, que padece asma, eccema, reúma e hiperglucemia, hasta el punto de que el pasado 13 de abril tuvo que ser trasladado al centro médico de la prisión, pues el día anterior había perdido brevemente el conocimiento por una bajada de tensión.

Su hijo ha declarado que ya lo han sacado de la celda de aislamiento y que "salió tembloroso e incapaz de hablar con nadie durante varios días". También ha explicado que su estado psicológico ha mejorado desde entonces, y que ahora se le permite recibir visitas periódicas de su familia.

En noviembre de 2013, el viceministro de Asuntos Consulares, Parlamentarios y de Expatriados Iraníes, Hassan Qashqavi, anunció la formación en el Ministerio de Información de Irán de una comisión encargada de fomentar el regreso de los iraníes residentes en el extranjero, conforme a las promesas electorales del presidente Hasán Rohaní. 

El viceministro vinculó la renuencia de los expatriados iraníes a regresar con "los mensajes de miedo de los grupos de oposición en el extranjero". "Gran parte de ese miedo es autoprovocado e infundado", manifestó entonces. En agosto de aquel año, el ministro de Información de Irán, Mahmoud Alavi, afirmó que garantizaban que “toda persona que no haya cometido ningún delito no tendrá problemas [a su regreso al país]". 

Anteriormente, en julio de 2013, el portavoz de la Magistratura iraní, Gholamhossein Mohseni Ejehi, también había afirmado que dicha institución "jamás prohíbe a ningún iraní que haya cometido un delito entrar en el país [...] No obstante, sus cargos se verán tan pronto como entre".

Desde que el presidente Rohaní tomó posesión de su cargo, en agosto de 2013, se ha detenido o encarcelado tras su regreso a Irán a muchas personas de doble nacionalidad o con residencia fuera del país. Entre otras figuran Ghoncheh Ghavami, activista de los derechos de las mujeres de doble nacionalidad, británica e iraní; Hamid Babayee, que cursaba estudios de doctorado en Filosofía en la Universidad de Lieja (Bélgica), y Sajedeh Arabsorkhi, Serajeddin Mirdamadi y Hossein Nourani Nejad, periodistas. 

El Código Penal Islámico de Irán, aprobado en mayo de 2013, tipifica como "delitos" actos imprecisos, como "difundir propaganda contra el sistema", "provocar inquietud en la opinión pública", "insultar a santidades islámicas" y "difamar a funcionarios del Estado". Tales "delitos" tan mal definidos se utilizan a menudo para restringir el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión.

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