Azza Soliman, defensora de los derechos humanos egipcia, y 16 personas más que presenciaron el homicidio de la activista Shaimaa Al-Sabbagh, de 32 años, cometido en una marcha pacífica que las fuerzas de seguridad dispersaron por la fuerza, han comparecido por segunda vez ante el tribunal el pasado 23 de mayo. Están acusadas de manifestación ilegal y podrían ser condenadas hasta a cinco años de cárcel.
Según el Centro de Asistencia Jurídica para Mujeres Egipcias, la organización que la defensora de los derechos humanos Azza Soliman dirige, su abogado ha pedido que se la considere testigo y no acusada. También ha solicitado que el Ministerio de Justicia traduzca oficialmente para presentarlo como prueba el testimonio de un testigo danés, que estaba en la cafetería con ella cuando mataron a la activista, tras obligar las fuerzas de seguridad a dispersar una marcha conmemorativa pacífica.
Se espera que el Tribunal de Delitos Menores de El Cairo responda a las peticiones de los abogados de las 17 personas cuyo juicio comenzó el 9 de mayo y tome una decisión sobre ellas. Se las acusa de manifestarse sin permiso, acto tipificado como delito por la draconiana Ley de Manifestaciones de Egipto, y de alterar el orden público.
Los letrados de los otros 16 acusados han formulado tres peticiones: que el tribunal reconozca que se ha impugnado ante el Tribunal Constitucional la constitucionalidad de la Ley de Manifestaciones, que garantice que los cargos formulados contra quienes mataron a la activista y los presentados contra quienes lo presenciaron se ven en la misma causa y no por separado, y que incluya también imágenes de la manifestación entre los vídeos y fotografías del sumario, que ahora tratan sólo del homicidio de la activista, a fin de demostrar si era o no una manifestación pacífica.
Tras la muerte por disparos de Al-Sabbagh el pasado 24 de enero durante una marcha pacífica organizada en el centro de El Cairo en memoria de quienes murieron durante la "Revolución del 25 de enero", 17 personas acudieron a prestar declaración como testigos. Seis de ellas fueron detenidas ese mismo día. Todas están acusadas ahora en una causa considerada como un intento de las autoridades de proteger a las fuerzas de seguridad y que no tengan que rendir cuentas. Las penas de prisión podrían alcanzar los cinco años.
La activista resultó alcanzada por disparos el 24 de enero, durante una marcha conmemorativa pacífica organizada en el centro del Cairo y que las fuerzas de seguridad egipcias disolvieron haciendo uso de la fuerza. Las imágenes de vídeo y las fotografías que tomaron periodistas y activistas que se encontraban presente han suscitado indignación generalizada dentro y fuera de Egipto.
Al-Sabbagh participaba en una marcha a la plaza de Tahrir organizada por la formación política de izquierdas Partido de Alianza Popular Socialista. El pequeño grupo de alrededor de 30 participantes portaba una pancarta con el nombre del partido, así como flores con las que rendir homenaje a los centenares de personas muertas durante el levantamiento de 2011. Marchaban por la acera para no interrumpir el tráfico.
Según la draconiana Ley de Manifestaciones de Egipto, participar en una manifestación sin autorización previa es delito. No obstante, los participantes afirmaron que no se estaban manifestando, sino que estaban haciendo una marcha para conmemorar a los muertos. Un testigo presencial contó que las fuerzas de seguridad apostadas a la entrada de la plaza de Tahrir detuvieron la marcha en la cercana calle de Talaat Harb y abrieron fuego contra los participantes con escopetas y gas lacrimógeno.
Según el director del Instituto de Medicina Forense de Egipto, Al-Sabbagh murió por heridas de perdigones disparados a ocho metros de distancia que le penetraron en la espalda y la nuca. Aunque las autoridades negaron al principio que las fuerzas de seguridad fueran responsables de la muerte, el fiscal acusó después a un miembro de éstas de "golpes, lesiones o administración de sustancias nocivas que provocaron la muerte" de la activista. El miembro de las fuerzas de seguridad está también en detención preventiva, según uno de los abogados defensores de las 16 personas acusadas.
Azza Soliman, fundadora de la ONG Centro de Asistencia Jurídica para Mujeres Egipcias, dijo en su testimonio que no había participado en la marcha, sino que estaba sentada en una cafetería con su familia y unos amigos. Oyó a los participantes corear sus lemas y salió a ver. Vio que las fuerzas de seguridad disolvían la marcha con gas lacrimógeno y disparos de escopeta. También vio un cuerpo tirado en la calle y se enteró de que era el de Al-Sabbagh.
Otras dos de las personas sometidas ahora a juicio tampoco participaron en la marcha. Una de ellas es un médico que prestó los primeros auxilios a la activista cuando la dispararon, y la segunda, un transeúnte que la llevó a una cafetería cercana por seguridad. Ambos fueron detenidos allí mismo.
Los 14 acusados restantes participaron en la marcha conmemorativa pacífica. A algunos los detuvieron allí mismo, y a otros, cuando acudieron a testificar citados por el fiscal. A un hombre lo acusaron de haber matado a Al-Sabbagh tras declarar como testigo. Como no había pruebas contra él, lo acusaron entonces de manifestarse ilegalmente y alterar el orden público.
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