La organización Ecologistas en Acción ha presentado una querella por prevaricación ambiental contra el alcalde de Morón de la Frontera y contra cargos de medio ambiente de la Junta de Andalucía por ocultar información respecto a la protección de la Sierra de Morón.
Argumentan que todos los denunciados, en su actuación como autoridades o funcionarios del Ayuntamiento de Morón de la Frontera o de la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, “han omitido, a sabiendas de su injusticia, la aplicación de la legalidad urbanística establecida en el actual PGOU de Morón”, vigente desde abril de 2012, que prohíbe de manera taxativa las actividades extractivas donde se ubica la explotación minera Sierra de Morón.
Este complejo en cuestión lleva funcionando más de treinta años y quedó paralizado en diciembre de 2012 al cumplir su primer período de concesión minera, pero se le ha concedido una prórroga por otros treinta años más. Para los ecologistas, además de los “graves daños ambientales y al paisaje” que ha supuesto dicha explotación, la citada prórroga es producto de “la connivencia entre el Ayuntamiento de Morón y la Junta de Andalucía”.
Afirman que el suelo donde se ubica está calificado como “Suelo No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Urbanística (SNU-PU), en su gran mayoría de Conservación Prioritaria” debido a sus valores ecológicos, ambientales y paisajísticos. Así consta en un Informe del Arquitecto Municipal de abril de 2013, realizado a instancias del propio alcalde de Morón de la Frontera, donde se indica expresamente la normativa vigente y la prohibición de usos.
Denuncian que el alcalde, Juan Manuel Rodríguez, una vez conocido el contenido del informe urbanístico, se negó expresamente a remitirlo a las autoridades ambientales, “con la evidente intención de que no fuera tenido en cuenta dentro del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que se había iniciado”. En su defecto, añaden, “para dar apariencia de legalidad", remitió un informe diferente del Jefe del Departamento municipal de Medio Ambiente, que "omitía la legalidad urbanística municipal”.
Se da la circunstancia de que este funcionario municipal actuó de igual manera en el expediente del Crematorio de Morón, que curiosamente pertenece a los mismos propietarios de la cantera de la Sierra de Morón. Al crematorio le fueron anuladas judicialmente todas las licencias municipales tras una denuncia interpuesta por los servicios jurídicos de Ecologistas en Acción. Habían transcurrido ya tres años de funcionamiento ilegal.
Ahora los ecologistas inician acciones judiciales por vía penal en el caso de la cantera, a causa de “la gravedad de los hechos y los daños ambientales y paisajísticos que se están produciendo” y porque estiman que se pueden haber producido “posibles delitos de prevaricación de los artículos 320, 329 y 404 del Código Penal”.
Esta actuación, que consideran “arbitraria, antijurídica e injusta, y presumiblemente delictiva”, la extienden también a las autoridades ambientales provinciales. Explican que, aunque el Ayuntamiento no remitió a dichas autoridades el referido Informe del Arquitecto Municipal de abril de 2013, la organización ecologista “se lo hizo llegar" en mayo de ese año, dentro del periodo de consultas e información pública.Sin embargo se quejan de que "igualmente lo han obviado completamente, a sabiendas de que sus conclusiones son determinantes y conllevan la inviabilidad ambiental de la explotación minera”.
Sitúan en el centro de la diana al Secretario Provincial, Salvador Camacho Lucena, por omitir “la comprobación de la veracidad del Informe urbanístico, a pesar de disponer del Servicio de Urbanismo dentro de la misma Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y a pesar de las múltiples reiteraciones realizadas por Ecologistas en Acción”. Por el contrario, afirman, “se limitaron a aceptar "las justificaciones falsas" del promotor de la cantera.
Los ecologistas explican que Camacho Lucena también fue responsable en su día de “las autorizaciones ilegales que la Junta de Andalucía otorgó al Crematorio de Morón y que fueron anuladas posteriormente” por vía judicial.
Destacan la vital importancia de la información urbanística contenida en el informe del arquitecto municipal. La prueba es que el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, instó el pasado mes de febrero a que se revise la Declaración de Impacto Ambiental que permite la explotación minera tras una queja interpuesta por la organización ecologista.
El motivo aducido por la institución andaluza es que tanto el Ayuntamiento de Morón como la Consejería de Medio ambiente de la Junta de Andalucía “han omitido información urbanística determinante destinada a proteger el suelo de usos y actividades contrarias a sus valores ambientales, ecológicos y paisajísticos”.
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