En el pleno del Ayuntamiento de Sevilla celebrado en la mañana de hoy se percibía la interinidad manifiesta de una institución a menos de dos meses de unas elecciones que le dará la vuelta como un calcetín, tanto en los rostros que lo componen como en las formaciones políticas que lo integran.
La disputa de hoy se ha reducido prácticamente al punto número dos, en el que se trataba la aprobación de la modificación inicial del punto 12 del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de la ciudad. Es decir, la recalificación que el Partido Popular pretende llevar a cabo con los suelos de la antigua fábrica de tabacos de Altadis en el barrio de Los Remedios.
La propuesta ha salido adelante con los veinte votos del PP y la oposición de PSOE e IU. A pesar de tratarse de una modificación inicial, que necesitaría al menos cinco meses de tramitación para culminarse y de la aprobación final de la Junta de Andalucía, algo que traspasa claramente los límites de este mandato, el debate político consiguiente ha sido lo único que le ha otorgado algo de consistencia a un pleno demasiado anodino.
El tono de los integrantes de la bancada popular ha sido hoy mucho más suave de lo que es habitual, menos beligerante, quizá porque todavía no se ha digerido bien el resultado de las autonómicas y está demasiado presente el previsible nubarrón que se les viene encima en mayo. Pero como en todo, siempre hay una excepción que en este caso se llama Maximiliano Vílchez, el más tozudo e impermeable a la realidad de todos los concejales de las filas de Zoido.
El súper concejal ha defendido el cambio en los usos del suelo industrial durante su exposición de motivos como si de una nacionalización se tratase. Con énfasis bolivariano ha sostenido que la operación supone la recuperación de “un espacio que ha permanecido privatizado durante muchos años” para dotarlo de “equipamientos públicos y servicios terciarios”. Un notable ejercicio de imaginación que no ha sabido valorar la oposición en su justa medida, sin duda.
La portavoz del grupo de Izquierda Unida, Josefa Medrano, ha repasado durante su intervención la historia en la ciudad de la que fue “la primera fábrica de tabacos del mundo” y que maltrató a Sevilla cuando cerró la planta y destruyó “casi 300 puestos de trabajo directo y otros muchos indirectos”. Recriminó al alcalde que brindara a quien así se ha portado con los sevillanos “un pelotazo urbanístico” de tal calibre cuando en su día “incluso la amenazó con la expropiación”.
También le reprochó “la falta de transparencia y de participación” en un proceso en el que no se han tenido en cuenta “ninguna de las muchas alegaciones planteadas por diferentes asociaciones y colectivos ciudadanos” y manifestó su preferencia por el modelo de “factoría abierta” que en su día el experto en patrimonio industrial Julián Sobrino defendió para dicho espacio.
El portavoz del grupo socialista, Juan Espadas, alegó motivos políticos y otros de "legalidad importantes" para argumentar su postura contraria. Reprochó a Zoido aquellas palabras, cuando todavía era líder de la oposición, de que “Altadis no se va a llevar de ahí ni un duro” y recalcó que, con esta recalificación, “el interés general de la ciudad pierde”, algo de vital trascendencia de cara a la aprobación final necesaria por parte de la Junta.
También criticó la falta de transparencia y participación que ha caracterizado al proceso y diagnosticó que “a esta ciudad le quedan dos meses de lentejas”. Inquirió al alcalde por la inclusión en el acuerdo de “12.500 metros cuadrados que son de la ciudad” y de una zona verde “que no puede incluirse porque es ilegal”, en referencia a los jardines de Manuel Ferrand. Además le echó en cara que lo hacía sólo para “elevar la edificabilidad” y lo instó a retirar la propuesta, porque “Altadis lo que quiere es vender, coger el dinerito y largarse”.
Espadas prometió “tumbar el proyecto” si sale elegido alcalde en mayo y recriminó a los populares la tramitación del punto, “porque ustedes lo que vienen aquí es a tapar las vergüenzas de cuatro años sin hacer nada respecto a Altadis". “Nos sentaremos con ellos y, si no están porque gane el interés de la ciudad, llegaremos a la expropiación si hace falta”, dijo.
En los turnos de réplica, Vílchez volvió a situarse en el pasado y tiró de una retahíla de fábricas de la ciudad que se cerraron en el pasado y optaron por la deslocalización. Antes de llevarse a cabo la votación, cerró el punto Zoido, (Juan Ignacio), que destacó que lo único que pretendían era “cumplir el objetivo de iniciar la modificación de los usos de esa parcela para ponerla en valor”.
El alcalde argumentó que, además de la recuperación de una zona emblemática para uso público, el proyecto generará empleo y permitirá la salvación de la capilla de Las Cigarreras. Eludño referirse, como le pedía la oposición, al acuerdo adoptado por unanimidad de todas las fuerzas políticas, incluida la suya, que otorgó la calificación actual de los suelos para impedir que Altadis se beneficiara de su castigo a la ciudad al cerrar la factoría y no construir el centro logístico provincial al que se había comprometido como compensación.
También negó la mayor en lo referente al pelotazo urbanístico que supone para la multinacional tabaquera una plusvalía de 29.000 metros cuadrados edificables en una de las zonas más exclusivas de Sevilla y el abandono a su suerte de un edificio, el de las antiguas oficinas, protegido como una de las piezas más valiosa del patrimonio industrial de la ciudad.
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