La figuras del latrocinio patrio han debido de echar cuentas. Dadas las cuantiosas sumas de dinero que se barajan en los múltiples casos de corrupción política que enfangan el país, han llegado a la conclusión de que trae más cuenta afanar la documentación concerniente a dichos casos que atracar bancos y joyerías. Tal y como están las cosas, un fichero de contabilidad B o las copias de una facturación falsa son más rentables y más fáciles de colocar en el mercado negro que un cuadro de Dalí.
La tendencia comenzó en la década de los 90 con el caso Juan Guerra. Aquella lejana primavera se produjo un robo en la sede de la Dirección General de Cooperación Económica dependiente de la Consejería de fomento y Trabajo de la Junta de Andalucía en la Avenida de República Argentina de Sevilla.
El material sustraído consistió en una serie de “objetos de valor, material técnico y algunos papeles” entre los que muchos afirmaron entonces que se encontraba el expediente de la empresa Construcción Modular Andaluza, vinculada con el hermano del vicepresidente del Gobierno de la época, Alfonso Guerra.
El consejero José María Romero aclaró en sede parlamentaria que el robo había sido cometido por “delincuentes comunes” y que no incluía el expediente de la citada empresa. Sin embargo, el parlamentario andaluz por Izquierda Unida Felipe Alcaraz afirmó que había recibido una carta anónima en la sede de su coalición en la que se relataba “de forma pormenorizada cómo se cometió el robo” y señalaba como responsable del mismo a “un conductor interino del Servicio Andaluz de Salud (SAS)” del que se citaba su domicilio y al que “le prometieron ciertas cosas porque iban a por algo muy grande”. El parlamentario presentó la misiva ante el juez y de la carta ya nunca más se supo.
Algo parecido volvió a ocurrir en el caso Iván Chaves, hijo del expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves. El vástago de quien gobernó esta tierra durante varias décadas denunció que le habían sustraído de su despacho los contratos que supuestamente le vinculaban con contratistas de la Administración andaluza después de que la información se hubiese filtrado a la prensa.
Entre dicha documentación se encontraba un documento “elaborado por el propio Iván Chaves en su ordenador”, según informó en su día El Confidencial, donde figuraba la liquidación del hijo del entonces presidente andaluz con la empresa jerezana Publicaciones del Sur.
Además aparecían contabilizadas “una veintena de reuniones que incluían a su propio padre, a consejeros y a altos cargos del gobierno andaluz y representantes de cajas de ahorros”. Junto a cada una de esas reuniones de su agenda, el retoño presidencial anotaba “cantidades de dinero y el incremento conseguido respecto al año anterior 2006”. Toda una joya de alta cotización.
El Grupo de Blanqueo de la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (Udyco) de Sevilla, encargado de la investigación, llegó a la conclusión que Iván Chaves Iborra “pudo intentar tapar el escándalo de sus negocios denunciando un falso robo” que pudiera “anular pruebas contra él mismo y así tapar el contenido de los documentos que demostraban cuál era su actividad real y sus relaciones con la Junta de Andalucía”. Una conclusión producto de un artificio de ingeniería imaginativa, por supuesto.
Los últimos exponentes de esta curiosa y flamante tendencia de nuestros chorizos se produjeron el año pasado. En primavera atracaron el despacho de los fiscales Anticorrupción y se llevaron el auto de la audiencia Provincial de Sevilla que confirmaba la imputación de la ex ministra Magdalena Álvarez en el escándalo de los ERE. Toda una pieza de coleccionista.
Y durante el verano se produjeron varios incendios en los juzgados de Prado de San Sebastián de Sevilla en lugares casualmente cercanos a las dependencias del Juzgado de Instrucción número 6 que dirige la jueza Alaya y donde se instruyen las mayores causas contra la corrupción que arrasan Andalucía.
Según explicó el decano de los jueces de Sevilla, Francisco Guerrero, el fuego sólo afectó a “expedientes ya archivados de menor importancia”. El por entonces consejero de Justicia, Emilio de Llera, añadió que las cámaras de seguridad del edificio habían captado “a la persona que pudo provocar los fuegos”, una pista tras la que se encontraba la Policía. Del pirómano jurídico nunca más se supo tampoco.
El hasta ahora último caso de esta singular deriva de los mangantes indígenas se produjo ayer en la sede de UPyD en la céntrica Plaza Nueva de Sevilla. La formación política que preside Rosa Díez ha denunciado que ha desaparecido documentación relacionada con los casos de los ERE y de las facturas falsas de UGT de Andalucía que la procuradora había dejado allí para que la recogiera el candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, Martín de la Herrán.
De seguir así, cualquiera que tenga documentación relevante sobre cualquier caso de corrupción política de los muchos que afloran en esta tierra se va a ver obligado a invertir una pasta en protegerla. Un horizonte esperanzador para los vendedores de cajas fuertes y las empresas de seguridad, sin duda.
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