El Parlamento de Turquía debate las enmiendas un proyecto de ley denominadas “paquete de seguridad nacional” que suponen una amenaza para los derechos humanos, entre ellas la perspectiva de un aumento de detenciones arbitrarias, el uso excesivo de armas de fuego por parte de la policía e investigaciones penales por motivos políticos.
El proyecto, llamado "Ley por la que se modifican la Ley de deberes y competencias de la policía, y otras Leyes y Decretos", fue presentado a debate parlamentario el pasado 17 de febrero y afecta a 21 leyes y decretos. Según informa Amnistía Internacional, a pesar de contar con la desaprobación generalizada por parte de los partidos políticos de la oposición, de las organizaciones de derechos humanos, de las asociaciones de juristas y de otros grupos de la sociedad civil, el gobierno parece empeñado en que se apruebe esta legislación.
La organización humanitaria se muestra especialmente preocupada por aquellas enmiendas que “amplían las facultades de la policía para utilizar armas de fuego”. La organización ha documentado “un uso excesivo de armas de fuego por parte de la policía turca, especialmente en lo que afecta al derecho a la vida”. Y advierte de que las disposiciones propuestas son “contrarias a las normas internacionales en materia de derechos humanos sobre el uso de la fuerza” recogidas en los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, de la ONU, que estipulan que el uso de armas letales debe reservarse como último recurso y únicamente como protección ante amenazas inminentes para la vida de los agentes de policía u otras personas.
El proyecto de ley también contiene disposiciones ambiguas que facultan a la policía para detener a personas sin la orden de un fiscal y prevé que se disponga de periodos de privación de libertad de hasta 24 horas en el caso de delitos cometidos de forma individual, y de hasta 48 horas "en el caso de delitos cometidos en el contexto de incidentes violentos que ocurran durante acontecimientos sociales —término comúnmente usado para describir protestas y manifestaciones—".
Otras disposiciones merman la independencia de los fiscales y la obligación de garantizar que puedan realizar su trabajo sin injerencias indebidas. El proyecto de ley concede a quienes ejercen el cargo de gobernador provincial, que son miembros del Ministerio del Interior nombrados por el gobierno, la facultad de dar órdenes directas a la policía en la investigación de delitos y en la búsqueda de personas sospechosas de haberlos cometido.
Según Amnistía Internacional, el gobierno de Turquía ha tratado de justificar el proyecto de ley “basándose en las manifestaciones violentas que tuvieron lugar en el sudeste del país en septiembre de 2014, en las que fallecieron unas 50 personas, otros cientos resultaron heridas y numerosos bienes públicos y privados sufrieron importantes daños”. Por ello temen que las enmiendas propuestas se utilicen para “reprimir la disidencia, incluyendo las protestas pacíficas, y den lugar a más violaciones de los derechos humanos”.
Turquía ya cuenta con antecedentes de denegación del derecho de protesta pacífica, de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía —incluyendo el uso de armas de fuego— y de juicios por motivos políticos. La organización humanitaria teme que, si se aprueba el proyecto de ley, la aplicación de las medidas “pueda generar más violaciones de los derechos humanos tales como detenciones arbitrarias, investigaciones penales por motivos políticos y violaciones del derecho a la vida”.
Al proponer las enmiendas sobre el uso de armas por parte de la policía, el gobierno cita el principio de proporcionalidad de la ley actualmente en vigor como un concepto "abstracto" que hace que la policía se muestre demasiado renuente a usar armas de fuego. Estas enmiendas autorizan de manera explícita a la policía a utilizar armas de fuego en situaciones en las que "personas o grupos ataquen o intenten atacar a la policía o a otras personas, lugares de trabajo, viviendas, edificios públicos, colegios, residencias, lugares de culto o vehículos, con cócteles Molotov o cualquier tipo de armas explosivas, combustibles o nocivas".
En opinión de AI, las enmiendas “chocan con los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley que establecen las normas internacionales sobre el uso de la fuerza en situaciones de aplicación de la ley”. Dichas normas disponen que las fuerzas de seguridad “utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza”.
El principio 14 de los Principios Básicos estipula que "al dispersar reuniones violentas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán utilizar armas de fuego cuando no se puedan utilizar medios menos peligrosos y únicamente en la mínima medida necesaria”. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley “se abstendrán de emplear las armas de fuego en esos casos, salvo en las circunstancias previstas en el principio 9". Es decir, cuando sea estrictamente imprescindible para evitar una inminente amenaza para la vida o lesión potencialmente mortal.
Si el uso legal de la fuerza resulta inevitable, establecen que la policía “debe actuar con moderación y en proporción al objetivo legítimo que se persiga, reducir al mínimo daños y lesiones, y garantizar que se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas”. Los Principios también estipulan que los gobiernos “deben garantizar que en la legislación nacional se castigue como delito el empleo arbitrario o abusivo de la fuerza y de armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”.
Respecto a las enmiendas que permiten a las personas que ejercen el cargo de gobernador provincial dar instrucciones a la policía sobre la realización de investigaciones penales, Amnistía Internacional muestra su preocupación porque las disposiciones “llegan en un momento en que se ha producido una nociva pérdida de independencia de las investigaciones penales, con miles de agentes de policía a los que se ha cambiado de destino poco después de una investigación policial sobre presunta corrupción gubernamental”.
En su opinión, las disposiciones propuestas “muestran signos de una aplicación de las leyes cada vez más politizada, que merma la independencia de las investigaciones penales y de los fiscales, y compromete el principio de igualdad ante la ley”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario