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31 enero 2015

Nuevas ejecuciones en Pakistán

El próximo 3 de febrero serán ejecutados tres hombres en Pakistán. Uno de ellos, Shoaib Sarwar, será el primero en ser ejecutado por un delito no relacionado con el terrorismo desde que se eliminó la suspensión de las ejecuciones.

Sarwar, preso condenado a muerte, será ejecutado ese día tras una nueva orden de ejecución emitida el 23 de enero por un tribunal de lo penal de la ciudad de Rawalpindi, en el norte de Punyab. Fue declarado culpable de asesinato y condenado a muerte en 1998 y lleva 18 años en espera de ejecución en la cárcel de Adiala. Su condena no se impuso en un juicio con garantías. Los agentes de policía que realizaron la investigación no examinaron nunca a testigos fundamentales para la defensa, ni su abogado defensor los presentó en el juicio.

Otros presos cuya ejecución es inminente son Attaullah alias Qasim y Mohammad Azam alias Sharif, que serán ahorcados el mismo día en la cárcel central de Karachi por delitos relacionados con el terrorismo. Desde que se anuló una suspensión de las ejecuciones el 17 de diciembre de 2014, ya han sido ejecutados 20 presos condenados a muerte y hay unos 500 en peligro.

El gobierno de Pakistán ha declarado públicamente que la medida de anular la suspensión de las ejecuciones sólo se aplicará a los presos declarados culpables por Tribunales Antiterroristas de los actos de terrorismo más atroces y que estén vinculados a organizaciones terroristas. Estos casos contradicen dichas declaraciones.

El caso de Sarwar aumenta los motivos de preocupación y podría tener más consecuencias. Sus abogados afirman que no fue declarado culpable de ningún crimen relacionado con el terrorismo ni condenado por un Tribunal Antiterrorista en aplicación de la legislación antiterrorista del país. 

El alcaide de la cárcel de Adiala se niega a acatar la orden judicial de ejecutarlo, alegando que no ha sido condenado por un delito relacionado con el terrorismo. Si se lleva a cabo la ejecución, será el primer preso ejecutado por un delito no relacionado con el terrorismo desde que se anuló la suspensión. A los abogados les preocupa que su ejecución probablemente siente precedente para ejecutar a otros presos no condenados por delitos relacionados con el terrorismo.

En Pakistán hay más de 8.000 personas en espera de ejecución, y más de 500 presos condenados por delitos relacionados con el terrorismo corren peligro de ser ejecutados. Pakistán volvió a implantar una suspensión de las ejecuciones en octubre de 2013. En el país no había habido ninguna ejecución desde el ahorcamiento de un soldado en noviembre de 2012. La última ejecución en la horca de un civil tuvo lugar a finales de 2008. Actualmente hay en Pakistán cientos de personas condenadas a muerte por delitos relacionados con el terrorismo.

Tras una sucesión de homicidios y atentados terroristas de gran relevancia en todo el país, junto con el ataque del 16 de diciembre de 2014 contra la escuela del ejército en Peshawar, el gobierno del primer ministro Nawaz Sharif ha prometido reanudar las ejecuciones ante las presiones que recibe para mejorar la situación de orden público. Desde la anulación de la suspensión de las ejecuciones el 17 de diciembre de 2014, Pakistán ha amenazado con ejecutar a unos 500 presos condenados a muerte por delitos relacionados con el terrorismo.

El ataque contra la escuela de Peshawar fue perpetrado por talibanes paquistaníes y murieron 149 personas, 134 de ellas niños. En las últimas semanas, Pakistán ha modificado su Constitución para acelerar el procesamiento de los casos relacionados con el terrorismo y trasladarlos a tribunales militares. La jurisdicción de los tribunales militares en casos de terrorismo es motivo de honda preocupación respecto a las garantías procesales, ya que la prisa por conseguir condenas podría hacer que se violaran derechos.

En Pakistán muchas condenas a muerte se dictan tras juicios que no cumplen las normas internacionales sobre juicios justos, y que se caracterizan por no disponer el acusado de acceso a asesoramiento jurídico y por aceptarse pruebas inadmisibles en virtud del derecho internacional. 

Las declaraciones extraídas bajo tortura siguen utilizándose como prueba ante los tribunales. Los acusados suelen ver restringido su acceso a un abogado o se les proporcionan abogados designados por el Estado, a menudo con escasa formación y mal retribuidos, que pueden no poner mucho interés en la defensa de sus clientes si el acusado o su familia no les pagan cantidades extra. 

Además, el derecho a un juicio justo se ha visto socavado en juicios ante tribunales inferiores que siguen dictando condenas a muerte. El acceso del público a estos tribunales es restringido y se exige que los juicios se lleven a cabo en cuestión de días o semanas, lo cual pone a los jueces bajo una presión muy fuerte para dictar condenas. En 2012, el relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones, sumarias o arbitrarias concluyó que la jurisdicción militar u otras jurisdicciones especiales no deben tener facultad para imponer la pena de muerte.

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