La Asamblea Legislativa de El Salvador vota hoy sobre una serie de peticiones de indulto para un grupo de 17 mujeres en prisión con condenas muy largas impuestas en juicios defectuosos e injustos por delitos relacionados con el embarazo.
El primero de estos casos, el de "Guadalupe", será sometido de nuevo a votación hoy. Los miembros de la Asamblea tienen potestad para decidir su libertad y la de las demás mujeres.
En abril de 2014, diecisiete mujeres que se encontraban en prisión por delitos relacionados con el embarazo tras procesamientos y juicios defectuosos presentaron una petición de indulto. Sus condenas se elevaban a penas de entre 2 y 40 años.
Las peticiones han atravesado un complejo proceso que incluye una revisión judicial de la Corte Suprema de Justicia y que requiere después la aprobación de la mayoría de la Asamblea Legislativa en una votación en el plenario de este órgano.
Las 17 mujeres proceden de entornos pobres y desfavorecidos y fueron encarceladas injustamente tras juicios injustos en los que se utilizaron pruebas poco fiables y sólidas, y en los que tuvieron una defensa precaria.
Todas sufrieron complicaciones relacionadas con el embarazo fuera de un entorno hospitalario y fueron acusadas inicialmente de haberse sometido a un aborto. Posteriormente se las condenó a penas de hasta 40 años de prisión por homicidio agravado.
El caso de "Guadalupe", una joven de 18 años que fue encarcelada en 2007 y que ya ha cumplido siete años de una pena de 30, es el primero que se votará en la Asamblea. Los miembros ya votaron el 16 de enero y "Guadalupe" perdió por sólo un voto.
Las mujeres y niñas de El Salvador sufren leyes y prácticas discriminatorias que van desde la aplicación deficiente de leyes que podrían permitirles vivir sin violencia hasta la prohibición total del aborto, que conlleva la criminalización y la negación del derecho a la salud física y mental, sobre todo para las mujeres de entornos pobres y desfavorecidos.
Estas 17 mujeres sufrieron emergencias obstétricas fuera de un entorno hospitalario, pero en lugar de recibir la atención médica adecuada, fueron enjuiciadas y condenadas a penas de hasta 40 años de prisión por delitos tan graves como el homicidio agravado, como consecuencia de procesos profundamente discriminatorios en los que se vulneró su derecho al debido proceso legal.
En el caso de "Guadalupe", ésta fue condenada a 30 años de prisión tras sufrir un aborto espontáneo en 2007, fecha en la que tenía 18 años y un hijo de cinco. Fue acusada de haberse sometido a un aborto, prohibido en cualquier circunstancia en El Salvador, y enjuiciada posteriormente por homicidio agravado.
El examen forense realizado tras el aborto espontáneo concluyó que la causa de la muerte era "indeterminada" y que no había pruebas de que hubiera sido provocada por ella. Además, cuando la llevaron a un hospital público tras el aborto, el personal del centro la denunció a la policía, que la interrogó sin un abogado mientras aún estaba recibiendo atención médica.
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