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15 enero 2015

Fitonovo y la incógnita del parque infantil del acuartelamiento de Pítamo

Cuando tomó posesión el nuevo Gobierno de la ciudad comandado por Juan Ignacio Zoido, José Antonio González Baro, administrador de la empresa Fitonovo SL, cursó visita al alcalde y al primer teniente de alcalde, Gregorio Serrano. Su intención, según consta en el sumario del caso Madeja era la de “presentarles diferentes proyectos con la idea de que no tuvieran la impresión de que Fitonovo tuviera afinidad con el Partido Socialista”. 

La comercial estaba así catalogada por muchos de los integrantes de las filas populares. Uno de los que confesó este hecho en sede judicial fue Joaquín Peña, el director de Medio Ambiente que cesó Zoido por su implicación en la causa. También lo pusieron de manifiesto fuentes muy cercanas al alcalde cuando confirmaron que Zoido cogió un gran cabreo al enterarse de que el macro contrato de mantenimiento de zonas verdes de la ciudad le había sido adjudicado a dicha empresa.

Tras aquella reunión, siempre según las declaraciones de González Baro, Serrano “le pidió el favor de que hicieran gratis” un parque infantil en la comandancia de la Guardia Civil de Montequinto. El directivo afirmo que accedió de inmediato a la petición “para congraciarse con el gobierno municipal”, lo que pone de manifiesto que era consciente de que la impresión de su afinidad por los socialistas estaba bastante extendida entre las filas populares.

Este fleco de la investigación se desconoce en qué estado se encuentra. En el sumario no constan más indagaciones al respecto ni que se haya llamado a declarar a nadie, ni siquiera como testigo. No se sabe si entre las intenciones de la jueza Alaya está la de investigar cómo se puede construir un parque de juegos infantiles por valor de 150.000 euros en una propiedad pública sin que medie concurso previo ni facturación que lo acredite a posteriori.

En la misma declaración, a preguntas del ministerio fiscal, González Baro añadió que tuvo una reunión con Gregorio Serrano “para ciertos proyectos de inversión con capital privado que no se llevaron a cabo ninguno, pero que el campo de la Guardia Civil se hizo y no cobró por él”.

Puede pensarse que al tratarse de la manifestaciones de un imputado acorralado por encontrarse en el epicentro de la causa sus palabras pierdan verosimilitud. En ese caso, habría que preguntarse por qué otras declaraciones de esta misma persona parece que sí se han tenido en cuenta a la hora de que la investigación avance por uno u otro sendero.

González Baro contó a Alaya que durante los primeros cinco meses tras la adjudicación del macro contrato de Parques y Jardines por 48 millones de euros, el Jefe de Servicio de las dependencias, Francisco Amores, le comentaba que “a ver si se veían”, sin pedirle nada a cambio.

A partir de ese tiempo, según consta en su declaración, “comenzaron unas presiones incesantes por parte de este señor” en las que le decía que “cargos políticos del partido” —que González Baro entendió que eran del Ayuntamiento— le estaban requiriendo que colaborara económicamente, ya que de no hacerlo “podía ocurrir que no le contratasen en Sevilla”.

Según su relato, las presiones por parte del funcionario municipal se intensificaron del tal manera que dudaba de que el Ayuntamiento o el Partido Popular tuvieran tales pretensiones. A pesar de ello, pago a Amores 40.000 euros a cuenta de la comisión que pretendía, “que oscilaba en torno a trescientos mil euros”. Además le puso gratis las ventanas de su casa, por un importe de otros 16.000.

El directivo de Fitonovo relató que, para salir de dudas, se acercó a Gregorio Serrano y “no obtuvo la menor pista de que existiera ese interés de que su empresa realizara una aportación económica”, lo que le llevó a pensar que “la comisión se la pedía Amores para él”. Fue ése el motivo por el que en mayo de 2013 grabó la conversación con el funcionario público que obra en poder de la UCO, de la que el instituto armado deduce que “parecen existir presiones” por parte de Joaquín Peña para que Fitonovo hiciera contribuciones para “la campaña” a cambio de la adjudicación del macro contrato. El director de Medio Ambiente negó en sede judicial la existencia de dichas presiones.

Este confuso apartado de la causa tampoco ha sido objeto de una profunda investigación más allá de las declaraciones de González-Baro. De hecho, del desarrollo del sumario parece deducirse que la posibilidad de un intento de financiación ilegal del Partido Popular en este caso queda más que descartado.

Es en este punto donde se plantea la incógnita. Puede que las palabras de González Baro sobre su impresión de que no existía ningún interés en que hiciera una aportación económica tras su encuentro con Gregorio Serrano sean consideradas por la jueza como suficientes para descartar la exigencia de mordidas por parte de alguien para el Partido Popular. 

En tal caso, lo que resulta verdaderamente sorprendente es que el relato de la misma persona no lo sea para iniciar una investigación concienzuda sobre lo ocurrido con el parque de juegos infantiles del acuartelamiento de la Guardia Civil de Pítamo.

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