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04 diciembre 2014

Rick Scott, gobernador de Florida, firma su orden de ejecución número veintiuno

Rick Scott, gobernador del estado de Florida, ha firmado la orden de ejecución de Johnny Shane Kormondy, que se llevará a cabo el próximo 15 de enero. Con ésta serían veintiuna las ejecuciones llevada a cabo durante su mandato. Un récord que iguala la cifra máxima de ejecuciones llevadas a cabo durante el periodo en el cargo de cualquier otro gobernador de Florida desde 1976.

Scott, firmó el pasado 24 de noviembre la orden de ejecución de Shane Kormondy por el asesinato de Gary McAdams, cometido en julio de 1993. La orden dice textualmente que "se ha determinado que el indulto del ejecutivo no es procedente", y que el gobernador ha designado la semana que comienza el 12 de enero de 2015 para la ejecución. La orden va acompañada de una carta al alcaide de la Penitenciaría Estatal de Florida que señala que el alcaide ha fijado la fecha y hora de la ejecución para el 15 de enero a las seis de la tarde.

En su primer mandato Scott, que comenzó en enero de 2011, se han llevado a cabo 20 ejecuciones, más que durante el primer mandato de cualquier gobernador de Florida desde que la Corte Suprema de Estados Unidos aprobó las nuevas leyes de pena capital estatales en 1976, y sólo una menos que las llevadas a cabo durante los dos mandatos del gobernador Jeb Bush (1999-2007). Scott fue elegido para un segundo mandato en noviembre de 2014. Está previsto que su nueva toma de posesión tenga lugar en torno al 6 de enero, una semana antes de la fecha en la que está previsto que Shane Kormondy se convierta en el siguiente preso ejecutado en Florida.

Gary McAdams murió por arma de fuego y Cecilia McAdams fue violada, pero sobrevivió, durante un robo perpetrado en su casa de Pensacola el 11 de julio de 1993. Se acusó del delito a tres hombres, y la fiscalía manifestó su intención de pedir la pena de muerte contra ellos. Los tres fueron juzgados por separado en 1994. 

A Curtis Buffkin, el primero que fue juzgado, el fiscal lo describió como "el cabecilla" que "llevaba el arma" y "tenía un control absoluto sobre sus secuaces". Sin embargo, durante las deliberaciones del jurado, al ver que era posible que no se emitiera un veredicto de culpabilidad por asesinato en primer grado, la fiscalía llegó a un acuerdo en virtud del cual Buffkin evitaba la pena de muerte a cambio de testificar contra los otros dos acusados. 

James Hazen fue condenado a muerte. La Corte Suprema del estado redujo la condena a cadena perpetua alegando que Hazen era menos culpable que Buffkin, que había sido condenado a cadena perpetua. El tercer acusado, Johnny Shane Kormondy, condujo a la policía hasta los otros dos tras ser detenido. Declaró que había sido Buffkin quien había disparado contra Gary McAdams. 

Tras convertirse en testigo de cargo, Buffkin dijo que Kormondy había disparado a la víctima accidentalmente. En el juicio de Kormondy, la acusación presentó a Cecilia McAdams, cuyo testimonio señaló que Buffkin no había sido el autor del disparo, y a un testigo que había acudido a la policía para reclamar la fuerte recompensa ofrecida a cambio de información sobre el crimen, y que testificó que Kormondy había dicho que había sido él quien había disparado a la víctima. 

Había contradicciones en los testimonios de ambos testigos, comparados con las declaraciones realizadas por ellos mismos antes del juicio. Kormondy fue declarado culpable y el jurado, por ocho votos contra cuatro, optó por la condena de muerte. En 1997, la Corte Suprema de Florida anuló esta condena, alegando que las pruebas "no respaldan una conclusión de premeditación", sino únicamente de homicidio ocurrido en el transcurso de la comisión de un delito. 

En la nueva vista de determinación de la pena celebrada en 1999, un nuevo jurado votó a favor de la pena de muerte, de nuevo por ocho votos contra cuatro. En 2003, la Corte Suprema del estado confirmó esta condena de muerte, rechazando el argumento de que era desproporcionada en comparación con las condenas de cadena perpetua impuestas a los dos hombres por considerar, según los testimonios que lo señalaban como autor material del disparo, que Kormondy era más culpable.

En una vista celebrada ante un tribunal estatal en 2005, Buffkin y Hazen se retractaron de sus declaraciones previas. Buffkin declaró que él había disparado a Gary McAdams por accidente, y que el arma del crimen no había estado en ningún momento en manos de Kormondy durante el delito. Según dijo, había mentido para "obtener un acuerdo sobre la sentencia", y ahora cambiaba su versión porque "la familia debería saber qué fue lo que sucedió exactamente".

Hazen declaró que estaba presente en el momento del delito, algo que durante su propio juicio había negado, y añadió que Buffkin le había indicado verbalmente que había disparado a Gary McAdams. 

El tribunal rechazó dar crédito a estas retractaciones. En 2011, un juez federal de primera instancia señaló que las pruebas de que Kormondy "fue el autor del disparo [...] no son concluyentes" y que "un nuevo juicio podría o no conducir a la conclusión de que el Sr. Kormondy fue el autor del disparo". Pese a ello, el juez federal confirmó la condena de muerte.

En 2012, una cuarta parte de las condenas de muerte dictadas en Estados Unidos se dictaron en Florida; en 2013, el porcentaje ascendió a casi el 20 por ciento. Ese mismo año Florida ejecutó a más personas que en cualquier otro año desde 1984, y en 2014 igualó la cifra total de 1984. En la actualidad, el estado de Florida sólo se ve superado por Texas, Virginia y Oklahoma en cuanto al número de ejecuciones llevadas a cabo desde 1976, año en que la Corte Suprema de Estados Unidos aprobó los nuevos estatutos de pena capital. Desde 1976 se han llevado a cabo 1.392 ejecuciones en Estados Unidos, 89 de ellas en Florida y en lo que va de año 33 ejecuciones, 8 de ellas en ese estado.

En los últimos cinco años, las cámaras de representantes y los gobernadores de cuatro estados han abolido la pena de muerte —Nuevo México (2009), Illinois (2011), Connecticut (2012) y Maryland (2013)—, y en otros dos estados los gobernadores han dictado moratorias de las ejecuciones: Oregón y el estado de Washington. Por el contrario, en 2013 la Cámara de Representantes de Florida aprobó, y el gobernador firmó su entrada en vigor, la Ley de Justicia Oportuna, dirigida en parte a aumentar la eficiencia a la hora de ejecutar a los condenados a muerte.

La ratificación en 1992, por parte de Estados Unidos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) despertó la expectativa de que las autoridades estadounidenses de todos los niveles —locales, estatales y federales— trabajaran hacia la abolición de la pena de muerte. 

En abril de 2014, tras su último examen de la aplicación del PIDCP por parte de Estados Unidos, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por el uso continuado de la pena de muerte e instó a las autoridades federales a "colaborar con los estados que mantienen la pena capital para que se establezca una moratoria de las ejecuciones en todo el país". El 28 de noviembre, el Comité de la ONU contra la Tortura instó a Estados Unidos a dictar una moratoria de las ejecuciones con vistas a la abolición de la pena capital.

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