A raíz de su imputación en el caso Madeja y tras renunciar a su acta de concejal, el ex portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, José Manuel García, anunció que su fuerza política propondrá una comisión de investigación que analice todos los contratos que se le han adjudicado a la empresa Fitonovo desde el consistorio hispalense.
Habrá que ver la postura que adoptan los otros dos grupos municipales al respecto, PSOE y PP. Pero lo que es de desear, en caso de aprobarse, es que no sea tan eficaz como aquella comisión que el alcalde de la ciudad, Juan Ignacio Zoido, dijo que iba a crear cuando estalló el caso y de cuyos resultados nada se sabe todavía a pesar de la que ha caído desde entonces.
Desde que el escándalo salió a la luz, allá por el verano de 2013, la postura del Partido Popular al respecto ha estado llena de luces y de sombras. Zoido siempre se ha jactado de admitir “tolerancia cero” con los casos de corrupción y de practicar la gestión de los asuntos de la ciudad con transparencia a prueba de “luz y taquígrafos”.
La realidad cotidiana ha demostrado que esa determinación no ha sido siempre aplicada con igual contundencia por algunos miembros de su gobierno. A pesar de que en declaraciones recientes el PP de Sevilla se justificó afirmando que “desconocía las actividades” de Joaquín Peña, el destituido director general de Parques y Jardines, y la empresa Fitonovo, lo cierto es que fuentes muy cercanas al alcalde de Sevilla ya sospechaban desde bastante tiempo atrás que algo muy extraño estaba ocurriendo con esta empresa y las adjudicaciones municipales.
Dichas fuentes, en agosto de 2013, aseguraron que el propio Zoido cogió “un gran cabreo” al enterarse de que la empresa de jardinería figuraba entre los adjudicatarios del macrocontrato del mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad por valor de 48 millones de euros.
Por aquel tiempo, la jueza Alaya ya había requerido al Ayuntamiento la información sobre las contrataciones de Fitonovo, pero el gerente de las empresas municipales AIE de Sevilla, Jesús Maza, se negaba a facilitarla a los medios con la peregrina excusa de la Ley de Protección de Datos. La luz de los taquígrafos comenzaba a perder resplandor.
De hecho y hasta cuatro días antes de la destitución de Joaquín Peña, el Ayuntamiento continuó adjudicando contratos a Fitonovo como si tal cosa. El último del que se tiene constancia data del 12 de diciembre de ese mismo año para el “suministro de sustratos, fertilizantes y material complementario para los jardines y viveros de los medios propios del servicio de Parques y Jardines”, adjudicado por 39.930 euros a la empresa Bremacons Servicios Ambientales SL, que forma parte de la red societaria de Fitonovo. Vílchez lo justificó con que "si no lo hacían, incurrirían en prevaricación".
Desde el estallido del caso hasta la fulminante destitución de Peña, el Ayuntamiento otorgó a dicha red casi 850.000 euros en contratos. Algunas de ellas consistentes en obras que el propio alcalde publicitó junto al delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, como la efectuada en el distrito San Pablo Bellavista ese mismo verano que ilustra la fotografía.
A mediados de febrero pasado, durante la celebración de un desayuno informativo organizado por Europa Press en la sede de la Fundación Cajasol de la Plaza San Francisco, Zoido volvió a ser preguntado por los resultados de la tan cacareada comisión de investigación que había ordenado para esclarecer el caso. El alcalde se limitó a echar balones fuera con la excusa de que “la jueza lo sabe” y que el caso se encontraba bajo el secreto de sumario.
Ha transcurrido más de año y medio y todavía desconocemos las responsabilidades políticas que se puedan derivar de este asunto. Es más, parece que no hay ningún interés por parte del gobierno de Zoido en depurar las que les corresponden. Joaquín Peña, además de hombre de confianza del alcalde, estaba a las órdenes directas del todo poderoso delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, ese lince avispado al que no se le pasa una.
Tanto él como el alcalde tienen la responsabilidad in vigilando de las actuaciones de sus subordinados, máxime cuando se trata de cargos de confianza de designación directa. Es lo que Zoido argumentaba cuando ejercía de opositor. Se trata de responsabilidades políticas —algo que en este país cuesta bastante asumir—, porque ambos se han limitado hasta ahora a escurrir el bulto y a esparcir la mierda sobre los funcionarios. Al menos en eso García ha mostrado un cierto grado de coherencia.
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