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19 diciembre 2014

El dinero de nuevo quiere matar al mensajero

Antoine Deltour, un joven auditor luxemburgués, es el único nombre que se ha hecho público del grupo de trabajadores que han filtrado Luxleaks, los papeles que han revelado recientemente el vasto sistema de optimización fiscal del que se beneficiaban más de 370 grandes multinacionales al desviar sus beneficios a Luxemburgo, pagando así menos impuestos en los países donde operan. 

Deltour ha asumido haber copiado cientos de "tax rulings", acuerdos fiscales cerrados por el fisco luxemburgués a favor de multinacionales. Cientos de millones de euros se evaporan de los países donde estas firmas dirigen sus actividades reales, de tal manera que sumas colosales son transferidas a jurisdicciones con muy pocas tasas, la mayoría de las veces Luxemburgo. La escala industrial del sistema de planificación fiscal agresiva que sale a la luz con esta filtración era hasta ahora desconocida. Estos mecanismos no habían sido jamás descritos con tanta precisión 

Las repercusiones de sus revelaciones son inmensas. El asunto de los "tax rulings" ha llegado hasta instancias internacionales (como el G20 o la Comisión Europea) y se ha conseguido favorecer avances políticos que poco a poco conducen a una mejora de la justicia fiscal. Sin embargo, el primer y único investigado por el momento es el trabajador de PWC que denunció los crímenes. El poder intenta utilizar de nuevo la vieja táctica de matar al mensajero.

El escándalo que ha destapado esta historia ha revelado que, durante su Presidencia de Luxemburgo, el actual presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, organizó en Europa un cártel internacional de evasores fiscales para que las empresas más grandes del mundo tributaran a menos de un ridículo 1%. 

Juncker, el candidato de PP y PSOE en las últimas elecciones europeas y actual presidente de la Comisión Europea, convirtió el país en la base de operaciones de un entramado para que, gracias a acuerdos secretos, cientos de las empresas más grandes del mundo pudieran disfrutar de estas estupendas exenciones fiscales.

Ello fue posible gracias a acuerdos secretos y a la colaboración de las grandes auditoras. El organigrama de esta trama para el saqueo de Europa tenía una pieza fundamental: las big four, las cuatro grandes auditorías responsables de la estafa que llaman crisis (PWC, KPMG, ERNST & YOUNG Y DELOITTE).

La auditora PWC fue la que diseñó además la estructura para que treinta empresas eludieran impuestos en España. El responsable en nuestro país de PWC durante el período 2008-2010 no era otro que el actual ministro de economía, Luis de Guindos.

Hasta ahora, de Guindos sólo ha sido capaz de mostrar sorpresa ante estas inquietantes revelaciones, sin preocuparse en absoluto de si su silencio desvela su proverbial incompetencia —también formó parte de Lehman Brothers, que desarrolló un papel fundamental para el hundimiento de la economía mundial—, o levanta la sospecha de cooperación con tramas internacionales de evasión fiscal.

Antoine Deltour ha actuado sin segundas intenciones y de manera totalmente desinteresada. Jamás ha buscado sacar beneficio de sus informaciones. Solamente desea favorecer el debate público sobre las práctica éticamente condenables. La única compensación que ha recibido es la persecución de la justicia luxemburguesa.

Este acto cívico se inscribe dentro de un amplio movimiento formado por numerosos ciudadanos, pequeños emprendedores, filtradores, periodistas, ONG o instituciones internacionales, determinados todos a actuar contra la opacidad de la economía "offshore" y por el avance de la justicia fiscal, que actúan en torno a la Plataforma X-net.

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