La madeja se enreda

La operación Madeja pasa a ser ahora Enredadera. La madeja se enreda. Definitivamente, al tipo que otorga los nombres a estas investigaciones policiales había que darle un Cervantes a la imaginación. Y a la guasa, porque guasa tiene de sobra la enredadera llena de espinas envenenadas que Alaya ha destapado y que ha provocado más de una treintena de detenciones entre funcionarios, altos cargos, empresarios y políticos. Todo un récord.

Lo peor de todo esto es que el epicentro de la operación se ubica en el Ayuntamiento de Sevilla, que ha sido fundamental para desentrañar la tela de araña, la enredadera que ya apuntaba desde el interior de la madeja. El alcalde de la ciudad, Juan Ignacio Zoido, nunca ha llevado bien todo este embrollo. Y no sólo porque uno de sus hombres de confianza, Joaquín Peña, el defenestrado Director General de Medio Ambiente, haya resultado salpicado. 

Zoido jamás creyó que esta maraña esparciría suciedad más allá de las filas socialistas. Sin embargo, la realidad le adelantado por la izquierda como un Ferrari a un motocarro. La trama que jamás existió para los ojos del alcalde no sólo irriga su podredumbre sobre políticos de todos los signos, incluido el de su propio partido. También alcanza, y de qué manera, al funcionariado —uno de los pilares sobre los que Zoido iba a cimentar su gobierno de exactitud suiza— y a los empresarios —esos próceres patrios a los que el alcalde se esmera en tenderles una alfombra roja a los pies por aquello de la seguridad jurídica—. Todavía hay ilusos que creen que en este asunto los empresarios sólo se dedican a pagar y no se percatan de que en realidad estamos pagando todos los ciudadanos. Ellos se limitan a llevárselo crudo.

Mientras tanto la marca Sevilla, esa que el gobierno municipal tanto se esmera en realzar y exportar como sello de calidad incuestionable, yace esparcida por los suelos como una alfombra de mercadillo por culpa de un puñado de presuntos delincuentes desalmados. Los sevillanos nunca terminaremos de agradecer a estos tipos tan magnánimo y desinteresado esfuerzo por ennoblecer el sacro nombre de nuestra ciudad. ni el turismo de cruceros ha conseguido tan alto logro.

El asunto además ha alcanzado a estas alturas la catalogación de “glocal”. De ser una trama de corrupción exclusivamente municipal ha pasado a convertirse en una red que extendía sus tentáculos casi por toda España. Algo que seguro supone un buen alivio para nuestro alcalde. Tener la exclusividad en este tipo de acontecimientos no puede traer nada bueno a la ciudad. Otros ayuntamientos, diputaciones, gobiernos autonómicos y hasta la administración central del Estado se han visto salpicados por el tsunami de mierda.

Los engranajes del montaje funcionaban a la perfección. Como han publicado los periodistas José Antonio Hernández y Javier Martín-Arroyo en el diario El País, el auto de la juez Mercedes Alaya no deja lugar a dudas. “Las comisiones eran una de las estrategias cardinales de la empresa Fitonovo para articular el pago de cohechos y defraudar a la Administración, (algo) que además ha sido una práctica permanente”, escribe la magistrada. Y además añade que nos encontramos ante “una actuación coordinada entre la empresa y los funcionarios para corromper el mercado y las arcas públicas en beneficio de dicha entidad”. Ahí es nada.

Además causa sorpresa la facilidad con la que los implicados abonan las abultadas fianzas que impone la magistrada para conseguir la libertad. Sumas millonarias que son depositadas en pocas horas para eludir o salir de la prisión a pesar de la aterradora crisis que nos azota. Claro que si tenemos en cuenta las cantidades que se están barajando en el caso, tampoco es de extrañar. A medida que se ha ido escalando en el rango de la administración afectada y en el volumen de los contratos adjudicados, las cantidades en sobornos que se han barajado han ido aumentando de manera progresiva.

Así, el periodista Alfonso Alba ha publicado en andaluces.es, que Fitonovo repartió 1,6 millones de euros en ‘mordidas’ para diez funcionarios y técnicos de Adif sólo para amañar un “macrocontrato” en 2008 consistente en “la prevención de incendios en líneas convencionales y de alta velocidad” en la Zona Sur. Adjudicación que al final consiguió en una UTE con Sintra por un importe de 19 millones de euros. A esto habría que añadirle que, cuatro años más tarde, la misma empresa pública le adjudicó otro similar mediante un acuerdo marco para los “trabajos en materia de prevención de incendios en la Red Convencional en la misma zona para el período 2012-2013 por 10,4 millones. Curiosamente, de ambos contratos no existe rastro alguno ni en la plataforma de contratación del Estado ni en la de Adif.

Todavía recuerdo cuando destapamos el caso desde las páginas de sevilla report las palabras que nos dedicó el periodista-jornalero de cabecera de Zoido, instalado desde el principio en negar la mayor. “Ustedes no tenéis ni idea”, decía. El tiempo ha demostrado que no. Está más que claro.