El silencio de Teodoro Montes

Teodoro Montes, el ex responsable de Formación Ocupacional de la Junta de Andalucía, la ha liado parda largando ante la juez Alaya. En una maratoniana declaración de cinco horas de duración, Montes puso de vuelta y media a la Junta, los sindicatos y la patronal en lo referente al escándalo de los cursos de formación.

Según el funcionario, UGT, CCOO y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) exigían hasta un 20% en comisiones por subcontratar cursos de formación. Una comisión que entiende Montes a todas luces ilegal y que se pedía sin facturas y previamente a que se impartiera el curso. Los sindicatos ya han anunciado querellas contra el denunciante y la patronal ha negado la mayor.

También ha denunciado que la utilización de los alumnos como mano de obra barata o gratuita y que en un solo año se ofrecían entre 3.000 y 3.500 cursos en la provincia de Sevilla y unos 20.000 o 25.000 en toda Andalucía, cada uno con una media de 15 alumnos y con irregularidades de distinto tipo en todos ellos.

Pero lo peor de lo que ha trascendido de su declaración no es la denuncia de las irregularidades en sí, sino las condiciones en las que se impartían algunos de los cursos. Así ha detallado a la juez que, en uno para discapacitados en Sevilla capital, los alumnos tenían que soportar temperaturas por encima de los 50 grados encerrados en un aula de cristal. Incluso detalló que se les medicaba previamente para que pudieran soportarlo y para que no se alteraran.

Montes aseguró a la juez que él mismo había sido testigo presencial del maltrato físico y psíquico hacia los alumnos y ordenó de inmediato que se detuviese el curso, pero no acudió a denunciarlo a la policía o el juzgado de guardia. 

Algo debía entender Montes del asunto, puesto que ganó una sentencia a la Junta por acoso laboral hacia su persona en su día. Lo que no hay forma humana de entender es por qué Montes no lo denunció entonces ante la justicia y permitió que continuara impune la canallada. 

Si, como sostiene, tal era el grado de crueldad para con unos seres que no se pueden defender y optó entonces por callar. La pregunta a la que habría que buscar respuesta ahora es cuánto de caro, en vejaciones y malos tratos posteriores, habrá salido el silencio de Montes. Tal vez la jueza sea la única persona capaz de ponerle precio.