- Afirman que el Ayuntamiento de Morón de la Frontera tiene que aprender de la sentencia del Crematorio, para evitar otro varapalo judicial.
El pasado 30 de septiembre de 2014 Ecologistas en Acción ha dirigido un escrito al Alcalde y al Concejal de Urbanismo de Morón recordándole los graves defectos legales que contiene el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que se está tramitando, y que “esos defectos tienen que ser corregidos antes de la aprobación provisional por el pleno municipal”.
Según informan en un comunicado, “el Ayuntamiento de Morón no puede repetir las graves ilegalidades que han quedado al descubierto en la reciente sentencia del Crematorio, donde se ha demostrado que los reiterados informes municipales, urbanísticos y medioambientales, incumplieron la legalidad vigente, y que no existieron los necesarios informes de control de la legalidad”.
Los defectos del PGOU, explican, no son nuevos sino que “ya fueron advertidos por el Servicio de Protección Ambiental (SPA) de la Delegación Territorial de Sevilla de Medio Ambiente en noviembre de 2009 y reiterados en abril de 2011, sin que hasta la fecha el Ayuntamiento de Morón haya querido corregirlos”.
Estos graves defectos consisten en “el incumplimiento del artículo 33 del Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental (REIA) y del artículo 41 del Reglamento de Vías Pecuarias”, que han impedido a la ciudadanía “conocer el procedimiento de Evaluación Ambiental y los informes sobre las modificaciones de trazado de vías pecuarias que se realizan en el PGOU”.
En opinión de la organización ecologista, “este tipo de defectos, que afectan a los derechos de participación democrática, ya han provocado la anulación de decenas de actuaciones urbanísticas en España, y en particular, la anulación de varios Planes Especiales en Madrid”.
La solución de ambos defectos es simple, pero imprescindible. “Basta con que el Ayuntamiento repita la aprobación inicial del PGOU y lo vuelva a someter a información pública, antes de su aprobación provisional, con toda la información ambiental puesta al día, y con todas las modificaciones que se han introducido”, sostienen.
En caso contrario, advierten, el PGOU “nacerá viciado de nulidad y sin duda será anulado en el futuro, generando una importante inseguridad jurídica en todas las actuaciones urbanísticas posteriores”. Más aun cuando la Consejera de Medio Ambiente anunció en el Parlamento de Andalucía, el 5 de marzo de 2014, que “el nuevo PGOU de Morón va a permitir la destrucción de la Sierra de Esparteros durante los próximos 30 años”.
Si esto se confirma, Ecologistas en Acción asegura que “recurrirá en vía judicial todas las aprobaciones del PGOU y todas las resoluciones y actos administrativos de desarrollo del mismo, siendo responsables las autoridades municipales de las consecuencias que esos recursos judiciales puedan ocasionar en la planificación urbanística completa de Morón”.
Además aclaran que recientemente, el 20 de mayo de 2014, “ha caducado un expediente urbanístico incluido en el PGOU de Morón por incumplir precisamente el artículo 33 del REIA, ante la falta de respuesta del Ayuntamiento a los requerimientos de corrección realizados en abril de 2011 y febrero de 2014”. Por ello, por el principio de vinculación de las administraciones a sus propios actos, “si no se corrigen los defectos indicados, el expediente del PGOU completo habrá también caducado”.
En relación al PGOU, Ecologistas en Acción manifiesta que el 10 de junio de 2014 el Servicio de Protección Ambiental “ha realizado Petición de informe respecto al trámite de la información pública” del PGOU de Morón donde se le requiere al Ayuntamiento “que aporte información detallada del trámite de la información pública llevada a cabo, en relación con el cumplimiento del artículo 33 del Decreto 292/1995”.
Por otra parte, añaden que “como administración impulsora de la presente actuación, y responsable del sometimiento del plan al referido trámite, si fuere el caso, considere abrir un nuevo periodo de información pública de acuerdo con la legislación vigente”.
La legislación vigente indica que ese trámite de información y participación pública tiene que ser antes de la aprobación provisional, en opinión de los ecologistas. Y, según detallan, “en el expediente consta certificación de 30 de enero de 2013 de la Secretaria del Ayuntamiento que oculta un hecho incuestionable, como es que en ninguna de las 9 publicaciones realizadas en relación al PGOU se anuncia la Evaluación de Impacto Ambiental, y por tanto se incumplió radicalmente el artículo 33 del REIA”.
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