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23 julio 2014

Ocho activistas de Myanmar pueden ser encarcelados por protestar contra la impunidad de la violencia sexual

Ocho defensores de los derechos humanos de etnia chin pueden ser encarcelados en Myanmar por protestar pacíficamente contra la impunidad de la violencia sexual en el estado de Chin.

Los ocho activistas —seis mujeres, Ngun Chin Par, Sui Sui Kyi, Kaw Htwe, Khin Khin Zi, Thang Zing y Khin Thluai Par y dos hombres, Maung Han y Tei Mang— han sido acusados de protestar sin autorización, tras su participación en manifestaciones pacíficas en el subdistrito de Rezua y la localidad de Matupi en el distrito de Matupi (estado de Chin), los días 23 y 24 de junio.

Las manifestaciones se organizaron después de que el 10 de junio un hombre, al parecer un soldado del ejército de Myanmar, intentara violar a una mujer de 55 años del subdistrito de Rezua y la golpeara. La policía detuvo al soldado y lo entregó al ejército.

Activistas de la Organización de Mujeres Zotung (ZWO) y la Organización de Mujeres de Matupi (MWO) solicitaron más tarde en sus comisarías locales permiso oficial para protestar pacíficamente en Rezua y Matupi, sin conseguirlo. Pese a ello, las activistas siguieron adelante y celebraron las manifestaciones pacíficas el 23 de junio en Rezua y en Matupi al día siguiente, a las que asistieron cientos de personas.

Cuatro activistas de la Organización de Mujeres Zotung, dos de la Organización de Mujeres de Matupi y dos de la Asociación de Jóvenes de Matupi (MYA) recibieron orden de presentarse en sus comisarías locales el 25 de junio y fueron acusados de manifestarse sin permiso en aplicación del artículo 18 de la Ley sobre el Derecho de Reunión y Marcha Pacíficas.

Podrían ser condenados a hasta un año de prisión. Los ocho activistas quedaron en libertad bajo fianza y están siendo juzgados por el Tribunal del Distrito de Matupi en dos causas distintas. Las próximas sesiones tendrán lugar el 22 de julio.

En Myanmar, los defensores y defensoras y activistas de derechos humanos son arrestados y detenidos por el mero hecho de ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión y reunión, consagrados en los artículos 19 y 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La Ley sobre el Derecho de Reunión y Marcha Pacíficas se ha usado para detener a decenas de activistas desde su promulgación, en 2012. Tomás Ojea Quintana, que fue relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, ha señalado que esta ley es una de las diversas disposiciones legales que se utilizan para detener a presos y presas de conciencia, y ha pedido reiteradamente a las autoridades de Myanmar que la adapte a las normas y leyes internacionales de derechos humanos.

Amnistía Internacional recibe constantes informes de violación y otros delitos de violencia sexual perpetrados por las fuerzas de seguridad en Myanmar, particularmente por miembros del ejército contra mujeres de grupos étnicos minoritarios. Los autores de estos delitos raramente son puestos a disposición judicial, y con frecuencia sus víctimas y supervivientes no pueden acceder a servicios o tratamientos médicos, psicológicos y de salud sexual y reproductiva.

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