Nuevo Amate, el conjunto de edificios de nueva construcción que sustituyó tras su demolición a las antigua Regiones Devastadas, ha acabado por convertirse en una fuente de conflictos para el Gobierno municipal que preside Juan Ignacio Zoido.
Ya desde la entrega de llaves realizada a finales de septiembre de 2013, los 71 vecinos que decidieron volver a su barrio tras vivir realojados durante el período de construcción manifestaron sus quejas por lo que consideraban un elevado coste en gastos y comunidad cuando se les había prometido lo contrario.
En noviembre de ese año, este medio dio cuenta de dichas quejas, que versaban sobre el elevado coste del recibo de la comunidad y a gastos de electricidad que superaban los 900 euros —debido a que al pulsar cualquier interruptor se encendían los fluorescentes de todas las plantas—, y a otras deficiencias en el acabado de los edificios.
Juan Esapadas, portavoz del grupo municipal socialista, tras mantener una reunión con los afectados, volvió ayer a insistir al alcalde en la pervivencia de dichas quejas y en la exigencia de una solución. El edil ponía el punto de mira en las dificultades de las familias para “pagar las cuotas y gastos que les reclama Emvisesa”, así como en la existencia de “problemas de mantenimiento”. También denunciaba que todavía existen en los edificios “más de 100 pisos sin ocupar”.
Según le manifestaron los vecinos, la factura asciende ya a “más de 70 euros al mes entre mantenimiento y comunidad”. A ello se le suma que la intercomunidad tiene graves problemas “porque hay más de 100 pisos vacíos y Emvisesa tarda en pagar su parte o ni siquiera la abona”. Añadió que también temen que “les repercutan el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) como aparece en sus contratos, pese al compromiso público de Zoido”.
Los vecinos se quejan de que “han tenido que afrontar ya una factura de 6.000 euros de gas que ha puesto en serias dificultades a la intercomunidad, con riesgo de no poder afrontar posteriores pagos, mientras que la aportación de Emvisesa no se está realizando en tiempo y forma” y también, según el comunicado, de que de manera sibilina los están invitando a salir del edificio.
Espadas cifra en 117 las viviendas que todavía están sin ocupar y de ellas “73 no tienen aún ni siquiera adjudicatario, pese a que han transcurrido más de seis meses desde que el edificio obtuvo la licencia de primera ocupación”.
El Ayuntamiento de Sevilla se justifica argumentando que dichas viviendas se encuentran en “proceso administrativo de adjudicación” y que “la Empresa municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla (Emvisesa) paga los gastos de comunidad”. Asegura además que “los inquilinos de estas viviendas continúan pagando un euro por el alquiler, siendo el resto de los gastos de mantenimiento de los bloques, tal y como se acordó con los propios vecinos” y que “Emvisesa correrá con los gastos del Impuesto sobre los Bienes Inmuebles (IBI)”, puesto que “es la propietaria de las viviendas”.
A esta contradicción de versiones entre los vecinos y el gobierno municipal se suma la problemática generada por unos bloques de viviendas que están ubicados en pleno corazón de uno de los barrios más depauperados de Sevilla. Tres Barrios-Amate es una de las zona en mayor riesgo de exclusión de la ciudad y donde los efectos de la crisis está haciendo más estragos.
A principios de año, seis familias del barrio decidieron ocupar viviendas que se encontraban vacías ante los graves problemas que padecían y tras no recibir solución por parte de las administraciones. El masivo apoyo del vecindario a esta acción puso de manifiesto los graves problemas habitacionales que padece el barrio.
La lentitud de la administración a la hora de hacer frente a este tipo de problemas no hace sino agravarlo. El “proceso administrativo de adjudicación” al que alude Zoido debería agilizarse de acuerdo a la gravedad de la situación que la ciudad atraviesa en esta materia. Si un año después de que las viviendas estén listas para ser habitadas todavía se desconoce quiénes van a ser sus adjudicatarios es que el proceso no funciona como debiera. Sobre todo porque muchas de las familias que necesitan estos espacios no están en situación de esperar.
Artículo publicado en sevilla report.
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